Los jefes comunales de Adolfo Van Praet, Miguel Riglos, Pichi Huinca, Dorila y Parera se encuentran trabajando activamente en la aplicación de la Ley Provincial N° 3288 de Gestión Integral de Plaguicidas. En ese marco, el Ministerio de la Producción, a través de la Dirección de Agricultura, llevó a cabo una reunión con el objetivo de intercambiar información referente a la implementación de la normativa. Aún falta la reglamentación de la legislación, que tiene un fuerte resistencia de asociaciones rurales y otras cámaras empresariales.
Los jefes comunales compartieron experiencias locales, plantearon desafíos concretos y acercaron propuestas para fortalecer la implementación efectiva de la ley, en sus jurisdicciones.
Durante la reunión, la ministra de la Producción, Fernanda González destacó la relevancia de generar espacios de diálogo directo con los gobiernos locales. “Valoramos profundamente el compromiso de los municipios que están trabajando en su implementación y nos proponemos seguir acompañándolos con herramientas técnicas, capacitación y todo aquello que contribuya a mejorar la convivencia del periurbano”, dijo.
Asimismo, se adelantó que se pretende avanzar en acciones conjuntas con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Ambiente, con el fin de acompañar a aquellos municipios que se encuentran dando los primeros pasos en su aplicación, al promover un abordaje integral y multisectorial, según explicó la directora, Natalia Ovando. En ese sentido, Ovando aclaró, que en principio se avanzará con aquellas comunas cercanas a los municipios que asistieron. El primer paso es identificar las normativas locales y trabajar sobre su adecuación a la actual Ley Provincial, para luego avanzar en capacitaciones junto al Colegio de Ingenieros hacia los profesionales que actúen como asesores jurisdiccionales.
Participaron del encuentro el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Pedro Goyeneche, los intendentes de las localidades mencionadas con sus asesores técnicos, el subdirector de Agricultura, Sergio Baudracco, y el equipo técnico de esta área.
El intendente de Ingeniero Luiggi, Gustavo Salvadori, calificó a la reunión como “muy productiva y necesaria” para la población. “Sería bueno que el resto de los municipios se acoplen, porque se trata de pensar en la población”, dijo.
Por su parte el jefe comunal de Adolfo Van Praet, Gabriel Ramello, comentó buscan “herramientas para mejorar y agilizar la implementación” de esta normativa, siempre teniendo en cuenta el bienestar de la población y sin dejar de producir. “La reunión fue entre quienes trabajamos en esto, pero con la idea de que sea trasladado a los municipios que aún no la han implementado”, dijo.
En abril de este año, Diario Textual publicó que el borrador a la reglamentación a la Ley Integral de Plaguicidas está avanzando lentamente, con nuevos cambios. La intención, con estas modificaciones, es quitar burocracia en los trámites, pero siguen vigentes los principales puntos rectores de la ley: por ejemplo, la prohibición de fumigación por aire a 3 mil metros de los pueblos y por tierra a 500 metros. Las autoridades gubernamentales insisten con que la intención es que haya un equilibrio entre la producción y el ambiente. De todas maneras, no hay una definición y se pretende seguir dialogando con los diferentes actores.
La ley se aprobó en 2020. En 2024, se empezó a reunir un consejo consultivo para tratar de acordar su reglamentación. En uno de los últimos encuentros, representantes de asociaciones rurales y de empresas aplicadoras de fitosanitarios pegaron el portazo y se retiraron del consejo consultivo: pidieron, directamente, derogar la ley. Según sostuvieron, la ley “perjudica” y “burocratiza” a la producción y “criminaliza” a los ruralistas. “Los cambios propuestos (en la reglamentación) son un maquillaje…”, habían dicho en su momento. De todas maneras, últimamente ha habido acercamientos y reuniones informales para tratar de acordar.
En su momento, la llamada Mesa del Agro había reclamado estos seis puntos:
1- Distancias excesivas de exclusión y amortiguamiento sobre zonas urbanas, cursos de agua y cuerpo de agua haciendo improductiva enorme superficie de la provincia.
2- Poder de policía elevado de las autoridades de aplicación.
3- Alta carga burocrática de todos los permisos y autorizaciones para poder realizar una aplicación.
4- Un sistema de trazabilidad provincial innecesario, en la cual hay una ley nacional que la provincia puede adherir.
5- Una receta de compra que solo generará inconvenientes en el libre comercio.
6- Incorporación de las BPA para determinar condiciones de aplicación y distancias.
La llamada Mesa del Agro la integran la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Crea, la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, la Federación Agraria Argentina, la Asociación Argentina de Siembra Directa y la Cámara Empresaria Pampeana de Insumos Agropecuarios (pese a que fue invitado, no participa el Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Pampa).
Los integrantes de la Mesa del Agro no hicieron aportes: solo pidieron derogar la ley, dijeron a Diario Textual fuentes al tanto de las negociaciones.
En tanto, hubo otros sectores que metieron la cuchara en el borrador de la reglamentación: el Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Pampa, la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
La ley busca controlar el uso de agroquímicos en toda la provincia, fundamentalmente en el área periurbana.
Establece, entre otros puntos, la prohibición de fumigación por aire a 3 mil metros de los pueblos y por tierra a 500 metros. También impone que se deberá contar con la autorización municipal para aplicaciones terrestres entre los 500 y los 3000 metros.
En su momento, la distancia de la veda de pulverización fue uno de los puntos que más cuestionaron desde los bloques legislativos opositores: pidieron acortar esos metros, a tono con el reclamo de las asociaciones de productores agropecuarios.
