El 3 de mayo de 2012 la Cámara de Diputados aprobó con 208 votos afirmativos el proyecto que declaró de “utilidad pública” el 51 % de YPF y obligó al Estado a expropiar la participación de Repsol. Un mes antes, el Senado lo había avalado por 63 a 3.
La nómina revela un amplio respaldo peronista, pero también el acompañamiento de buena parte de la UCR, el socialismo, Proyecto Sur y bloques provinciales que entonces reivindicaron la “recuperación de la soberanía hidrocarburífera”.
Entre los que apoyaron están los nombres de quienes en ese entonces eran diputados y diputadas por La Pampa: María Luz Alonso (PJ), Roberto Robledo (PJ), María Cristina Regazzoli (PJ), Ulises Forte (UCR), Daniel Kroneberger (UCR),
El lunes, la jueza neoyorkina Loretta Preska emitió un fallo impactante para la Argentina: ordenó que el país entregue ese 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera.
La magistrada del segundo distrito de Nueva York accedió al pedido del fondo Burford para cobrar los 16 mil millones de pesos de indemnización que dispuso hace casi dos años. Ese fallo fue contra el Estado argentino, pero Burford venía presentando argumentos para determinar que YPF no funciona en los hechos como una empresa privada sino como parte del gobierno.
El fallo de la jueza sostiene que Argentina debe transferir sus acciones en un plazo de 14 días a los demandantes, Burford y Eton Capital que les compraron el juicio a los Eskenazi.
El Gobierno de Javier Milei puede apelar la decisión de Preska, algo que Argentina viene haciendo sistemáticamente por ahora sin éxito.
