Los senadores y senadoras de Unión por la Patria firmaron este jueves el dictamen para tratar la emergencia en discapacidad. El dato, saliente, fue la posición de la senadora nacional de La Pampa, Victoria Huala (Pro): decidió no firmar el dictamen. La posición del bloque amarillo sería, de acuerdo a lo que dijeron en la comisión, que no se requiere una nueva ley: lo que se debe hacer, según su posición, es actualizar el arancel.
El proyecto cuenta con media sanción de Diputados y obtuvo once firmas de los presentes -con algunas de ellas en disidencia-. Permite fortalecer el sistema de prestaciones básicas de atención integral para las personas en situación de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive. También, establece una actualización de aranceles automática de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de una compensación de emergencia y refuerzo de las pensiones no contributivas por invalidez, a la vez, que establece un aumento en el financiamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Entre los que sí votaron el dictamen, por lo que se lograron 11 adhesiones, fue el otro pampeano en la comisión, Daniel Bensusán (peronismo). “El gobierno de Milei abandonó a miles de personas con discapacidad, a sus familias y a quienes cada día les brindan los servicios que el Estado dejó de garantizar. No podemos mirar para otro lado mientras les quitan lo esencial. Esperamos que el resto de los bloques acompañen para frenar este ajuste inhumano”, expresó en X.
Fuentes al tanto de la discusión, dijeron que Huala no firmó el dictamen. “Es lo mismo que votar en contra”, sostuvieron desde los pasillos del Congreso. De todas maneras, desde el Pro dijeron que están a favor de actualizar los aranceles para personas con discapacidad.
El proyecto ahora será tratado en el recinto. Declara la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año, y con carácter de orden público. Tiene por objeto garantizar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 27.044), habilitando al Estado a modificar normas que obstaculicen el goce efectivo de derechos como salud, educación, empleo, inclusión y protección social. La emergencia da respuesta estructural a la crisis de financiamiento, demoras, recortes y falta de acceso en el sistema de discapacidad.
Además, se crea una Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, administrada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio (Ley 24.241), con posibilidad de aumentos por invalidez laboral o zona desfavorable. Podrán acceder personas con CUD, sin cobertura previsional, con ingresos inferiores a 2 SMVM, y que aprueben una evaluación socioeconómica. Está prevista la compatibilidad con empleo registrado y monotributo, y su rehabilitación inmediata si se pierde por superar el tope. Las personas extranjeras también podrán solicitarla si acreditan 5 años de residencia legal continua.
El artículo 8° garantiza cobertura total en salud mediante un programa médico integral, incluyendo prestaciones de la Ley 24.901, y se establece que el CUD —regulado por la Ley 22.431, modificada por este proyecto— será reconocido en todo el país. La ANDIS deberá gestionar su otorgamiento y renovación en plazos expeditivos, bajo una concepción dinámica y multidimensional de la discapacidad. Asimismo, se promueve un enfoque de derechos humanos, equidad territorial y perspectiva social de la discapacidad.
El proyecto promueve la inclusión laboral efectiva, tanto en el sector público como en el privado. Los empleadores que contraten personas con discapacidad por tiempo indeterminado serán eximidos del 50% de las contribuciones patronales al INSSJP, asignaciones familiares y Fondo Nacional de Empleo. También se financiarán programas de reconocimiento a empresas con prácticas inclusivas y se refuerza la implementación de la Ley 26.816, con actualización de estímulos y apertura de nuevos ingresos al Régimen de Empleo Protegido.
En paralelo, se ordena una compensación de emergencia a prestadores del sistema de la Ley 24.901, cubriendo la diferencia entre la inflación (IPC) y los aumentos de aranceles entre diciembre 2023 y diciembre 2024. Se incorpora un nuevo artículo 7° bis que establece la actualización automática de los aranceles en base a la movilidad jubilatoria (DNU 274/24 o el que lo reemplace), y se dispone que el directorio del sistema realice estudios anuales de costos para ajustes más precisos. La Jefatura de Gabinete deberá prever las partidas presupuestarias necesarias.
Finalmente, se establece que las pensiones por discapacidad otorgadas bajo normas anteriores se transformarán automáticamente al nuevo régimen, sin necesidad de trámite. Se ordena la implementación de mecanismos de consulta directa con personas con discapacidad y sus organizaciones representativas, y se fortalece el rol del Consejo Federal de Discapacidad. En conjunto, el proyecto representa una reforma integral, urgente y de base legal sólida, que combina ampliación de derechos, equidad territorial y sostenibilidad financiera.
