Trabajadores sociales del Hospital Padre Buodo, de la ciudad de General Acha, expresaron su preocupación por las medidas dispuestas por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con la convocatoria para el 31 de julio a personas discapacitadas en esa localidad para evaluar si cumplen los requisitos de pensiones por invalidez y convocan a acompañarlas en esa fecha.
“La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es organismo nacional que desde su creación ha tenido como objetivo principal velar por los derechos, intereses y necesidades de uno de los colectivos poblacionales más vulnerables de nuestro país, las personas con discapacidad y personas con padecimientos mentales, entre otros. Actualmente tomando decisiones que no solo se alejan de estos objetivos, sino que además atentan en su proceder con los derechos de estas personas”, dijeron en un comunicado.
Recordaron que desde fines del mes de junio, personas con discapacidades y padecimientos mentales, usuarias/os del Hospital Padre Buodo, comenzaron a recibir en sus domicilios cartas documentos por parte de ANDIS, a través del Correo Argentino, solicitando a las/los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) presentarse el día 31 de julio en un domicilio de General Acha, “que no pertenece a una oficina u organismo del Estado”, aclararon, para evaluar la situación particular de cada persona y corroborar su condición de incapacidad laboral.
“Lejos de plantear que las audiencias deban o no ser realizadas, lo que nos preocupa como colectivo profesional de nuestra comunidad es la irregularidad -dijeron- con que se lleva a cabo este procedimiento y que posterior a un análisis consideramos que solo por la metodología utilizada perjudicara a más de una persona, injustamente”.
Los trabajadores sociales del hospital achense remarcaron: “Cuando hablamos de personas con discapacidad y/o padecimientos mentales, hablamos de personas cuya situación de vulnerabilidad implica que, necesariamente, el Estado prevea SISTEMAS DE APOYOS, estos sistemas pueden ser representados por la familia, referentes afectivos, equipos profesionales, organismos del Estado, etc. Estos apoyos son necesarios para que las personas en esta situación puedan tomar decisiones, organizar su vida cotidiana y acceder a derechos en condiciones de equidad e igualdad”.
“La decisión de ANDIS, de llevar adelante estas auditorías, no ha contemplado la participación de los organismos del Estado provincial, por lo que los equipos profesionales tomamos conocimiento de esta situación de MANERA INFORMAL, corroborando más tarde que esto era verdad a partir de la presencia cada vez con mayor frecuencia de pacientes/usuarios que llegan al hospital con sus cartas documento en mano, con total desconocimiento de lo que deben hacer y/o presentar el día citado”, afirmaron.
“Preocupa también que las cartas documentos son entregadas en el domicilio que las personas declararon cuando realizaron el trámite de la PNC, por lo cual quienes hicieron cambio de domicilio no tomaran conocimiento de esta citación, y la no presentación a la audiencia es motivo suficiente para DAR DE BAJA EL BENEFICIO SOCIAL. Algo totalmente inusual y arbitrario”, añadieron.
Los trabajadores del equipo profesional de servicio social del hospital Padre Buodo explicaron que están realizando acciones de asesoramiento, acompañamiento y coordinación de turnos para que cada persona pueda presentar el día de la audiencia toda la documentación requerida y actualizada. “Desde el momento en que tomamos conocimiento de estos requerimientos solo contamos con 30 días para llevar adelante esta tarea para intentar garantizar que nadie quede afuera”, aseguraron.
“Hemos convocado a organismos de nuestra localidad para aunar esfuerzos, ponerle voz a este reclamo y organizarnos como colectivo profesional para que el 31 de julio estemos presentes en el lugar citado, acompañando a las 300 personas que ese día deberán presentarse entre las 10 y las 14 horas para acreditar su condición de beneficiario de PNC, en un espacio físico privado, que no tiene capacidad para alojar a 300 personas con sus acompañantes y sus elementos de apoyo (sillas de ruedas, andadores, etc), expuestos al frio de julio, haciendo cola para ser atendidos”, sostuvieron.
Y aseguraron que ese día, junto a organismos relevantes de General Acha, estarán presentes para que las personas estén acompañadas, resguardadas del frío, ofreciendo bebidas calientes y brindando apoyos para responder a las entrevistas.
“De nuestra mayor consideración solicitamos a vecinas/os de General Acha que no naturalicemos estas prácticas carentes de empatía, de solidaridad y principalmente carentes de perspectiva de derechos humanos. Estamos hablando de PERSONAS, de vecinos y vecinas de nuestra comunidad. No los dejemos solos”, concluyeron desde el Colectivo Profesional Trabajadores Sociales de Salud Pública.
A nivel nacional, la Defensoría del Pueblo ya recibió más de 500 reclamos porque las direcciones para la auditoría no existen, están muy distantes de los domicilios de residencia o porque las cartas no llegan o cuando se reciben ya pasó la fecha.
