La restructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) traerá aparejado, además de una extinción de las funciones científicas y de campo, la reducción de personal, que en La Pampa afectaría a unas 40 personas entre trabajadores de planta transitoria y becarios.
El dato fue revelado a Diario Textual por el director del Inta La Pampa, Daniel Funaro, quien junto a Roberto Maldonado, del gremio Apinta que nuclea a los trabajadores y trabajadoras del organismo, brindó una conferencia de prensa en la sede de la avenida Spinetto, en Santa Rosa.
“Se abrió una caja de pandora. Vamos a estar a la deriva”, dijo Funaro luego de conocerse este martes el decreto 462/2025 que establece cambios sobre entes nacionales que abarca desde disoluciones hasta transformaciones, como el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
“Hoy desconocemos la funcionalidad que vamos a tener y cómo va a quedar el Inta”, dijo.
-¿Qué va a pasar con el personal?- preguntó Diario Textual.
-Es buena pregunta: el achique va a estar. Creo que afectará principalmente a la planta transitoria y a los becarios.
-¿De cuántas personas estamos hablando?
-Y hay 40 en riesgo en La Pampa.
-De la forma en que el Gobierno nacional pretende reducir al Inta, ¿puede seguir cumpliendo la tarea para la cual fue creado?
-Entendemos que no podremos continuar realizando el trabajo científico al verse prácticamente eliminado el presupuesto.
Mentiras
Roberto Maldonado, secretario general del gremio Apinta, que nuclea a los trabajadores y trabajadoras del organismo, dijo que el Gobienro de Javier Milei mintió alevosamente para justificar la disolución del Inta.
“Es muy difícil desmentir todas las mentiras que ha dicho (el ministro de Desregulación, Federico Sturzzeneger). Créanme que es complejo rebatir todo lo que reproducen los medios de Capital Federal cuando entrevistan a un funcionario”, dijo el dirigente gremial.
Durante la madrugada de este martes, el Gobierno publicó el extenso decreto 426/2025 que introdujo transformaciones significativas en varios organismos del Estado. Entre los cambios más destacados, se incluyeron la reconfiguración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en el marco de una serie de reformas que también contemplaron disoluciones y fusiones.
El INTA fue creado por el Decreto-Ley N° 21.680/56 como un organismo autárquico para impulsar y coordinar la investigación y extensión agropecuaria. Contaba con una dotación de 6059 agentes a abril de 2025 y 932 cargos jerárquicos, lo que el Gobierno consideró un “sobredimensionamiento de su estructura”. Con la autarquía tenía facultades para tomar decisiones propias en todo el manejo financiero -parte de sus ingresos eran por importaciones y el presupuesto nacional-, administrativo y técnico.
Según el Gobierno, la descentralización del INTA contribuyó a su sobredimensionamiento, generando dificultades en la supervisión estratégica y dispersión operativa. En los considerandos del decreto de hoy, dijo que un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) de 2023 reveló deficiencias sustantivas en el seguimiento de convenios, funcionamiento deficiente de unidades y falta de control en gestión de asociaciones cooperadoras. También indicó que se observaron falencias en tesorería, finanzas, control de operatoria administrativa, verificación de fondos, y control interno en compras y contrataciones.
Ahora el NTA se transformó en un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura.
La conducción estará a cargo de un presidente con rango y jerarquía de secretario de Estado, designado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que ejercerá la conducción, gestionará bienes y patrimonio, dictará el reglamento interno, presidirá el Consejo Técnico, celebrará acuerdos, propondrá la estructura organizativa y gestionará el Fondo de la Promoción de la Tecnología Agropecuaria.
Además, se creó un Consejo Técnico de carácter “ad-honorem” que tendrá a su cargo el asesoramiento en los lineamientos científico-técnicos del organismo. Estará integrado por el presidente del organismo y siete miembros. De estos, tres serán propuestos por la Secretaría de Agricultura y cuatro en representación de los productores agropecuarios. Los miembros deben tener reconocida versación y experiencia en materia agropecuaria, y al menos cuatro deben poseer título universitario. Su mandato es de cuatro años y se renovará por mitades cada bienio.