El Gobierno de Javier Milei apeló este jueves la decisión de la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, quien ordenó a la Argentina la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos -Burford y Eton Capital- que ganaron el juicio por la expropiación de la compañía petrolera.
La decisión fue difundida por Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en los juicios que la Argentina enfrenta en el exterior.
Burford Capital -el megabufete caracterizado por la compra de derecho a juicios por pocas sumas de dinero con la expectativa de ganar mucho- adquirió en España la posibilidad de demandar a la Argentina por la quiebra de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía (compañías controladas por la familia Eskenazi), que al momento de la estatización poseían un 25% de las acciones de YPF.
En 2012, durante el Gobierno de Cristina Kirchner, el Congreso tomó control de YPF luego de aprobar la expropiación del 51% de las acciones de la española Repsol YPF SA, que en ese entonces era accionista mayoritaria. En total, se desembolsaron US$5371 millones, pero los otros socios de la compañía petrolera no recibieron oferta pública de adquisición (OPA) para vender el resto de las acciones al Estado argentino, a la vez que se les prohibió recibir dividendos por un tiempo. Esto, argumentan los demandantes, provocó una caída en el valor de sus acciones.
En este contexto, la jueza Preska determinó en primera instancia que la Argentina violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la estatización, y perjudicó a los accionistas minoritarios, entre ellos, a las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora. Por lo tanto, sentenció que el país debe pagar una indemnización de US$16.100 millones, pero eximió de responsabilidades a YPF.
