Los gobernadores lograron una contundente victoria contra el presidente Javier Milei. En la noche de este jueves, el Senado consiguió aprobar los dos proyectos para que Casa Rosada no retenga ilegalmente los fondos y comience a distribuir entre las provincias los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y lo recaudado por el impuesto a los combustibles.
Antes de votar, para evitar eventuales planteos del oficialismo, la Cámara de Senadores se declaró previamente en comisión. La habilitación del debate se consiguió con 54 votos a favor y 0 en contra, en tanto que el proyecto que reforma el reparto del impuesto a los combustibles se aprobó por 56 votos a favor y uno en contra. El mismo resultado, o sea por más de los dos tercios, 56 a 1, se aprobó el proyecto que reforma la distribución de ATN.
El proyecto sobre impuesto a los combustibles establece la eliminación de cinco fideicomisos y fondos nacionales, al tiempo que indica que “los recursos asignados a estos fideicomisos y fondos nacionales, excepto los previstos en el Impuesto a los Combustibles Líquidos -Ley 23.966-, a partir de la vigencia de la presente ley serán distribuidos” de conformidad con los artículos 3 y 4 de la Ley de Coparticipación Federal.
Sobre lo recaudado por el impuesto a los combustibles, propone que sea distribuido de la siguiente manera: en un 14,29% al Tesoro Nacional; en un 57,02% a las provincias; y en un 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales.
En cuanto al porcentaje destinado a las provincias, un 25% deberá ser repartido en partes iguales a todas las jurisdicciones, mientras que el otro 75% será de acuerdo a los índices de coparticipación.
Por su parte, la otra iniciativa incorpora a la norma 11.672 -es la ley permanente de Presupuesto- un artículo para que los “recursos que correspondieren distribuir al régimen al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias” en “forma diaria y automática”, y todo lo que involucre a este ítem será “considerado a cualquier efecto” como integrante “de la masa de fondos coparticipable”.
El artículo restante invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse.
Hay que destacar que ambos textos fueron presentados días atrás y ni siquiera pasaron por las comisiones correspondientes. Es por ello que, durante el encuentro en el recinto, los mismos tuvieron que ser habilitados con dos tercios, algo simple en el clima actual de la Cámara alta. No es la primera vez que ocurre, aunque en el contexto que se respira en el Congreso, no es sorpresivo.
“La salida está en las provincias. El crecimiento y el despegue, que estoy seguro vamos a alcanzar, pasa por dotar de otra capacidad a los recursos”, aseguró como miembro informante el peronista y vice titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Fernando Salino.
“El superávit no se va a caer con estos proyectos. Ya se cayó y se sostuvo en las provincias, universidades, jubilados y los más vulnerables. Ésta es la verdadera situación. Tienen controlados los principales precios de la economía: acuerdos salariales, tipo de cambio, y precio de bienes y servicios. El jefe de Gabinete -Guillermo Francos-, tan sensible el otro día -cuando se fue del recinto tras la acusación de ‘mentiroso’ de la kirchnerista fueguina Cándida Cristina López-, dijo que el cepo fue levantado y es falso”, agregó el puntano. “No estamos creando ningún tributo, cosa que por otro lado no podríamos hacer”.
En el mismo sentido se expresó Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro). “Estamos volviendo a un debate del siglo XIX, de centralismo versus autonomías provinciales. Creíamos que habíamos avanzado, pero aparentemente nunca vivimos en un período de centralismo tan discrecional como el que vivimos hoy”, advirtió.
Otro peronista, el exgobernador de San Juan Sergio Uñac -hoy en unión con el kirchnerismo- fustigó al Gobierno libertario. “Representamos a los pueblos de las provincias y entendemos la situación que se atraviesa y la baja en la distribución de los fondos de coparticipación”, dijo.
Durante la sesión se mostró con el justicialista catamarqueño Guillermo Andrada, quien sirvió de disparador con dos proyectos de su autoría similares a los que luego se llevaron al recinto.
Por su parte, la legisladora del Pro y usual aliada libertaria -es titular de la jugosa comisión que controla la Biblioteca del Congreso-, Beatriz Ávila (Tucumán), señaló que “las provincias no tienen sólo a su cargo salud y educación”, sino también áreas como “la justicia y, sobre todo, la garantía de la paz social”.
“Las provincias son preexistentes a la Nación”, remató Ávila . En el fondo, aprovechó para quejarse por la potencial importación de azúcar de Brasil, un golpe para una de las principales economías regionales. La legisladora también le pidió a la Casa Rosada que analice por qué se reunieron todos los mandatarios y la Ciudad para empujar estas iniciativas.
El radicalismo también fustigó al Ejecutivo a través de otro catamarqueño, Flavio Fama. El serio legislador sostuvo que la hostilidad de la Cámara alta se produjo “no sólo por falta de diálogo, sino también porque no se conocen las diferentes realidades”.
Fama conjeturó: “Si me decían hace un mes atrás que todos los gobernadores y el jefe de la Ciudad iban a firmar estos pedidos, hubiese dicho ‘están locos’, pero indudablemente, el loco soy yo, porque pasó. ¿Cómo puede ser que ningún gobernador esté acompañando al Presidente en esto?“.
