El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos ordenó este martes una suspensión administrativa temporal de la orden que obligaba a la Argentina a transferir el 51% de las acciones de YPF, en el marco del multimillonario juicio por la expropiación de la petrolera en 2012. La medida permite mantener el control estatal sobre los papeles mientras se analiza la apelación presentada por el Gobierno argentino.
La decisión fue firmada por el juez Steven J. Menashi durante una audiencia realizada en el Palacio de Justicia Thurgood Marshall, en la ciudad de Nueva York. En ella, se acumularon tres expedientes correspondientes a las causas iniciadas por Bainbridge Fund, Petersen Energía y Eton Park, que reclaman indemnizaciones millonarias tras el fallo desfavorable de la jueza Loretta Preska.
En la resolución judicial, el tribunal dejó establecido que la suspensión rige mientras se resuelve la moción formal de suspensión presentada por la Argentina. “Se ordena por la presente que el Tribunal concede una suspensión administrativa temporal de la orden de transferencia del Tribunal de Distrito, hasta que se resuelva la moción de suspensión por parte de un panel de tres jueces”, agregó.
El documento también estableció los plazos procesales para resolver el planteo. “Las partes apeladas deberán presentar su oposición a la moción antes del 17 de julio de 2025, y la parte apelante deberá presentar su réplica antes del 22 de julio de 2025. Luego, la moción de suspensión será sometida al próximo panel disponible”, precisó la secretaria del tribunal, Catherine O’Hagan Wolfe.
Con esta medida, el Estado argentino gana tiempo en su estrategia jurídica para frenar el avance de los embargos. En paralelo, el Gobierno había solicitado un “stay” -una suspensión total de la ejecución- luego de apelar la orden de Preska, que lo obligaba a transferir el paquete accionario estatal de YPF a los fondos litigantes.
Aunque la decisión no implica un pronunciamiento de fondo sobre el reclamo de Argentina, sí representa un alivio momentáneo para el Ejecutivo, que intenta blindar los activos de empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el propio Banco Central, todas bajo la mira de los demandantes que buscan ser resarcidos con bienes estatales. El proceso judicial continuará en las próximas semanas con definiciones clave.
