El tribunal oral que condenó a Cristina Kirchner intimó a ella y al resto de los responsables del caso Vialidad a que depositen en un plazo máximo de diez días $684.990 millones, que es el monto del perjuicio que -según la sentencia- provocaron con el delito de fraude con licitaciones de obras públicas para la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.
El juez Jorge Gorini, presidente del tribunal, y su colega Rodrigo Giménez Uriburu, notificaron hoy a todos los condenados para que, solidariamente, reúnan esa cifra. Si en diez días hábiles no se cumple con el depósito a cuenta y orden del tribunal, la Justicia comenzará a decomisar y rematar los bienes que están embargados.
En rigor el plazo final son la dos primeras horas de atención del 13 de agosto, entre las 7.30 y las 9.30. El tribunal dispuso tomar la actualización de los bienes realizada por los peritos oficiales del Centro de Asistencia Judicial Federal de la Corte Suprema y descartó la cuenta del perito de Cristina Kirchner, que según su cómputos, reducía el monto del perjuicio a $42.000 millones.
En cambio, los expertos de la Corte determinaron que el monto total del perjuicio provocado y la suma a reintegrar es de $684.990.350.139.
Los jueces dispusieron que se cobre el dinero “de acuerdo con el decomiso dispuesto a consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público que fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción”. Ese decomiso se dispondrá “bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes” ya embargados.
En caso de incumplimiento, la ejecución de los bienes sería un proceso largo y complejo que incluye disponer de las sumas en efectivo y luego enviar a remate las propiedades. Pero que no estará exento de dificultades ya que Lázaro Báez, el más acaudalado, también están siendo ejecutados por otro tribunal, el federal 4, en la causa de la Ruta del dinero K, donde fue condenado a 15 años de prisión y a pagar $355 millones de multa por lavado de dinero, más otros $55 millones por el monto del delito cometido.
El otro problema surge del juicio comercial donde tramita la quiebra de Austral Construcciones. Allí hay deudores que deben cobrar sus acreencias. Por eso los jueces pidieron al juzgado comercial 28 una amplia certificación del estado procesal de la quiebra. Y además, requirieron la liquidación de bienes realizada para pagar las deudas.
Los jueces quieren saber cuáles son los bienes inmuebles de la empresa, cuáles fueron rematados y cuáles están cautelados. Además, Gorini, Basso y Giménez Uriburu dispusieron ampliar el monto de la totalidad de los embargos trabados sobre los bienes inmuebles hasta los $684.990.350.149, como pidieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
