Dos personas, ambos oriundas de General Pinto, provincia de Buenos Aires, fueron detenidos esta mañana al presentarse en la Fiscalía General de General Pico, en la causa del robo de mil vacunos. Los imputados, acompañados por sus abogados Hernán y Jorge Salamone, prestaron declaración y fueron formalmente investigados por estafas continuadas en calidad de coautores.
La causa, que investiga una estafa cercana a los 800 millones de pesos, se inició a raíz de la denuncia de la firma San Jorge, de Rancul. Según la acusación, entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, Ana Paula Courreges (37) e Iván Ezequiel Fiorini (38) habrían adquirido mil cabezas de ganado a la empresa, abonando con cheques sin fondos.
El fiscal Matías Juan solicitó la prisión preventiva por 90 días para los acusados, argumentando la existencia de peligros de fuga y la posibilidad de que obstaculicen la investigación. Por su parte, la defensa de los imputados pidió la libertad con medidas sustitutivas.
Finalmente, la jueza Cardoso resolvió imponer a Courreges y Fiorini el arresto domiciliario en General Pico por 90 días. Esta medida incluye la utilización de tobillera electrónica y controles policiales periódicos para asegurar el cumplimiento de la restricción.
La Fiscalía General de la II Circunscripción, a cargo de Armando Agüero, ha estado investigando esta millonaria estafa que afecta a una empresa del norte pampeano. Se ha confirmado que la firma denunciada, con sede en la provincia de Buenos Aires, acumula registros bancarios de 2000 millones de pesos en valores impagos, lo que sugiere una posible maniobra fraudulenta sostenida en el tiempo y que podría haber afectado a otros proveedores del sector ganadero.
La complejidad de la investigación radica también en la distribución de los bovinos. Los animales fueron dispersados en distintos predios rurales, tanto dentro como fuera de La Pampa, lo que dificulta su localización y eventual recuperación. Para ello, se está trabajando en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) e inspectores provinciales para trazar el recorrido de la hacienda.
