La Federación de Entidades Rurales de Río Negro perdió primera la batalla judicial contra la resolución del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroaliemntaria (Senasa) que habilitó el ingreso a la región del sur del río Colorado de carne con hueso procedente de zonas libres de aftosa “con vacunación”. El juez federal de Viedma Hugo Greca ratificó la vigencia de esa medida por entender que la entidad ruralista no había aportado elementos técnicos suficientes para frenarla con una cautelar.
El juez, según informó el diario Río Negro, aplicó el criterio según el cual “cuando el Estado es parte” debe prevalecer “una mayor rigidez en la apreciación de los recaudos”, y corren exigencias mayores para el accionante a la hora de probar “la manifiesta arbitrariedad del acto atacado”.
A fines de junio, y luego de cuatro meses de negociación con las provincias y las organizaciones de ganaderos, el Senasa comenzó a aplicar la flexibilización de la barrera que rigió durante más de 20 años en el Río Colorado, como línea divisoria entre las zonas libres de aftosa “sin vacunación” y las ubicadas al norte, que todavía vacunan.
En los hechos, el ingreso de carne con hueso “plano” procedente de La Pampa y otras zonas productoras derivó en un descenso en los precios del asado en las carnicerías de Neuquén y Río Negro. Los ganaderos de la zona consideraron afectado el estatus sanitario que le garantiza acceder con sus productos cárnicos a los mercados de exportación y acudieron a la Justicia.
La federación rionegrina había pedido por esa vía la suspensión provisoria de la resolución 460/2025 del Senasa hasta que se resuelva el recurso administrativo que tramita ante el mismo organismo. Argumentó que el Estado es responsable “en la prevención, control y erradicación” de enfermedades como la aftosa, y que la interferencia de una simple resolución con una ley nacional resulta “inconstitucional”.
Alegó que la apertura para la circulación de carne hacia el sur “sin restricción ni control” podría derivar en la transmisión del virus de aftosa a zonas sin vacunación y “poner en riesgo el estatus sanitario integral de la Patagonia”. También cuestionó que la resolución no haya estado precedida de “un procedimiento de consulta pública”.
