En una jornada clave para el futuro de la educación pública, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles un proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que contempla la actualización automática por inflación del presupuesto para las universidades nacionales, la recomposición salarial de docentes y no docentes, y mayor acceso a becas para estudiantes.
El proyecto obtuvo 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, quedando a solo un voto de los dos tercios necesarios para garantizar su vigencia ante un eventual veto presidencial. Los cinco diputados nacionales por La Pampa participaron de la votación. Y luego del acuerdo firmado con La Libertad Avanza (LLA), los dos representantes del PRO pampeano, Martín Maquieyra y Martín Ardohain, votaron en contra del proyecto y respaldaron la posición del Gobierno nacional.
Estos votos se contraponen a los de los otros tres diputados pampeanos: Varinia Marín y Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria) y Marcela Coli (UCR – Democracia para Siempre), quienes votaron a favor del financiamiento universitario.
El proyecto será girado al Senado en las próximas horas y tiene un panorama auspicioso para su sanción definitiva, sobre todo por el mal momento que atraviesa el oficialismo con los gobernadores dialoguistas, quienes ofician de garantes del éxito de La Libertad Avanza (LLA) en ambas cámaras.
La iniciativa fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y busca elevar el presupuesto al 1 por ciento del PBI.
También se propone otorgar una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes.
El dictamen que tuvo luz verde establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación.
Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento de establecimientos universitarios, hospitales universitarios, Ciencia y Técnica, actividades de Extensión Universitaria.
Sobre la recomposición salarial que debe otorgar el Gobierno, propone compensar las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1 de diciembre del 2023 a la fecha de sanción de la ley y que exista luego una actualización bimestral no menor a la variación del índice de Precios al Consumidor.
Otro de los puntos que plantea el texto aprobado es que en el 2025 debe completarse la incorporación al básico de convenio colectivo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas.
A su vez, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal y remitirá al Congreso los informes producidos y el plan de seguimiento y control.
