El Superior Tribunal de Justicia y la Municipalidad de Santa Rosa firmaron hoy un convenio de colaboración para realizar las tareas de destrucción, descontaminación, compactación y disposición final de los vehículos decomisados y de la chatarra resultante, en causas penales de jurisdicción provincial. Todo lo recaudado se donará a entidades de bien público.
El texto fue rubricado por el presidente del STJ, Eduardo Fernández Mendía, y el intendente Luciano Di Nápoli, en un acto desarrollado en el Salón de Acuerdos del Tribunal, y se enmarcó en la ley 3135, referida a al Régimen de bienes secuestrados en causas penales.
A partir de ahora, la Dirección de Tránsito del municipio –en colaboración con la Secretaría de Innovación y Técnica del STJ– desarrollará y coordinará “la ejecución de las etapas del proceso de descontaminación, compactación y disposición final” de los vehículos. Para facilitarlo, la Justicia entregará el listado detallado de las motos y los automotores decomisados que se encuentran en la playa judicial en condiciones de ser destruidos y/o compactados.
Otro punto del convenio establece que todo lo que se recaude por la venta de la chatarra será entregado a entidades de bien público, ya que el municipio está adherido al Programa Nacional de Descontaminación y Compactación de Vehículos (Prodeco). Incluso se remarcó en el texto que las partes “no recibirán porcentaje alguno del producto obtenido en el proceso de compactación”.
En los fundamentos de la resolución judicial se enfatizó en la necesidad de resolver un problema “ambiental y social para la comunidad”, con evidentes efectos negativos para el medio ambiente, como lo es la acumulación de los vehículos secuestrados en la playa judicial de Santa Rosa.
Por ello se adoptó esta medida, teniendo en cuenta que “el estado de deterioro y la imposibilidad de la puesta en marcha de estos vehículos en depósito, hacían necesaria la realización de las tareas de descontaminación, compactación y disposición final de los mismos”.
El acuerdo tiene una duración de dos años y en él quedó establecido que el STJ quedará obligado a presentarle a la comuna la nómina de los vehículos secuestrados; que pondrá a su disposición las instalaciones y recursos necesarios para cumplir con los trabajos mencionados; y que deslindará al municipio de cualquier reclamo de carácter penal, civil o administrativo.
A su vez, la Municipalidad se comprometió a coordinar las tareas de descontaminación y compactación; gestionar ante la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios las actualizaciones registrales de aquellos vehículos que sean sometidos a dicho proceso; y ejecutar esas tareas a través del Prodeco.
Durante la firma del convenio, Fernández Mendía estuvo acompañado por la directora general de Administración, Gabriela Viglianco, el subdirector Cristian Beanatte y el secretario de Acuerdos, Matías Bentivegna; mientras que a Di Nápoli llegó junto al director de Asuntos Políticos, Sebastián Lipschitz, y personal del equipo de gestión.
