La abogada pampeana Sandra Abdo, vicepresidenta de la Caja Forense de La Pampa y secretaria general de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina, expresó su preocupación frente a los trascendidos sobre una posible reforma previsional impulsada por el Gobierno nacional, que incluiría la eliminación de regímenes especiales como los de las fuerzas armadas, de seguridad, provinciales, cajas profesionales y pensiones no contributivas. “Para modificar nuestro sistema deberían reformar la Constitución Nacional y me pregunto: ¿podrán?”, cuestionó Abdo. “Es incorrecto y me llama la atención porque son expertos en temas previsionales”, agregó.
Desde su rol en la Coordinadora, que agrupa a todas las cajas profesionales del país, Abdo defendió la autonomía de estos sistemas. “Nuestras cajas no inciden en el gasto del Estado nacional, somos entes públicos no estatales y dependemos de los Estados provinciales”, dijo.
En este contexto, la dirigente señaló que desde las cajas profesionales se busca “establecer un vínculo estratégico con las provincias”, en un momento en el que se discuten cambios profundos en el sistema jubilatorio argentino.
Las declaraciones de Abdo se enmarcan en el creciente debate sobre el futuro de los regímenes especiales y el impacto que tendría su eliminación en distintos sectores profesionales y en la estructura federal del país.
Según publicó en las últimas horas IProfesional, el Gobierno nacional tiene en análisis una reforma previsional que incluye eliminar regímenes especiales, como los de las fuerzas armadas y de seguridad, provinciales, las cajas profesionales y las pensiones no contributivas, que representan 55% del gasto en jubilaciones.
El ministro de Economía, Luis Caputo, tiene su mesa un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) que propone reducir a la mitad del gasto previsional, o sea un gasto de 4,8% del PBI, mediante la eliminación de regímenes especiales, así como terminar con la duplicación de beneficios mediante las pensiones por viudez, lo que representa al menos 1 millón de beneficiarios.
Asimismo, prevé una suba gradual de la edad jubilatoria. “En la medida en que mejora la salud de la población, es inevitable la suba de la edad de retiro, pero la suba debe ser gradual, no de 5 años de un plumazo, por ejemplo, y no debe afectar derechos adquiridos”, explica Rafael Rofman, investigador principal de Protección Social de CIPPEC, quien presentó la propuesta al Gobierno.
El documento de CIPPEC, titulado “Un Sistema Previsional Equitativo y Sostenible: Construir consensos políticos para lograr un reordenamiento previsional”, que fue presentado al ministro Caputo, se centra en la necesidad de un reordenamiento del sistema previsional argentino, al calificarlo de “caro, injusto e ineficiente”, indica Rofman.
El gasto previsional de Argentina como porcentaje del PBI fluctuó a lo largo de los años. En 2020, representaba el 12,1% del PIB, y aunque la inflación lo licuó a 8,8% en 2024, se proyecta que en 2025 comenzará a aumentar nuevamente a 9,4% del PBI debido al efecto movilidad y el efecto renovación.
Este gasto previsional total de Argentina, que alcanza el 8,8% del PBI, cubre a 9.702.854 beneficiarios.
Los regímenes de excepción (diferenciales, especiales de ANSES, Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad federales, provinciales, Cajas Profesionales, Pensiones No Contributivas y Zona Austral) representan el 40,3% del total de beneficiarios (3.910.406 casos) y el 55% del gasto previsional (4,8% del PIB).
El régimen general (sin moratoria y con moratoria) abarca el 59,7% de los beneficiarios (5.792.448 casos) y el 45% del gasto (3,9% del PIB).
El documento señala que si se pagara a cada argentino mayor de 65 años $700.000 por mes, se gastaría un 30% menos de lo que se gasta actualmente en jubilaciones y pensiones. Esta diferencia se atribuye a: beneficiarios menores de 65 años (2,8 millones según el Censo 2022), beneficiarios con doble beneficio (al menos 1 millón) y los regímenes de excepción.
Cuál es la propuesta que analiza el Gobierno
CIPPEC propone una serie de cambios para ordenar y reducir el gasto previsional, con impacto fiscal y social, enumera Rofman:
Cambios en regímenes de excepción
- Dejar de aprobar nuevos regímenes de excepción.
- Decidir qué regímenes de excepción deben mantenerse y establecer reglas claras sobre su financiamiento, aunque se deberá respetar que algunos de estos esquemas especiales tienen un aporte jubilatorio incremental por parte de los trabajadores activos, como es el caso de los docentes.
- Cambios en la jubilación por vejez
Eliminar el mínimo de 30 años de aportes.
- Establecer un componente universal con valor cercano a la actual Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) para residentes en edad de retiro.
- Crear un componente contributivo que premie todos los aportes, y no el promedio de los últimos 10 años.
- Habilitar el ahorro previsional voluntario como esquema complementario.
El impacto fiscal de estos cambios en la jubilación por vejez es neutro, pero implica un fuerte ahorro de largo plazo al habilitar el ahorro voluntario, afirma Rofman.
Cambios en Pensiones por Fallecimiento e Invalidez
- Eliminar pensiones por fallecimiento vitalicias para cónyuges jóvenes.
- Limitar la duplicación de beneficios.
- Adoptar reglas rigurosas para las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez.
Cambios en Movilidad
- Asegurar el poder adquisitivo sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- Incorporar ajustes por salarios reales (en un porcentaje).
- Eliminar rezagos y factores procíclicos.
Quién gana y quién pierde con la propuesta
La propuesta de CIPPEC identifica potenciales ganadores y perdedores, señala Rofman:
Ganadores (80% de los activos):
- Trabajadores con menos de 30 años de aportes.
- Trabajadores con carreras laborales «normales».
- Monotributistas.
- Trabajadores que postergan el retiro.
Perdedores (20% de los activos)
- Trabajadores asalariados con 30 años de aportes que se retiran a la edad mínima.
- Trabajadores cuyos salarios aumentan rápidamente al final de su carrera laboral.
- Mujeres de 60 a 64 años de edad.
- Empleados públicos provinciales, docentes, magistrados, regímenes diferenciales.
Para el 100% de los trabajadores, no se tocarán derechos adquiridos.
