El diputado nacional Martín Maquieyra (Pro, La Pampa) votó en contra de revertir el veto presidencial e insistir con la ley que declara la emergencia en discapacidad en el sistema de salud. ¿Su argumento? Que los incrementos no pueden ser establecidos por el Congreso. “El Congreso no tiene que resolver paritarias, es asunto de cada organismo. Esperamos la resolución conjunta del Ministerio de Salud con la Agencia Nacional de Discapacidad”, dijo el legislador ya teñido de violeta.
Su posición finalmente perdió: con el apoyo de antiguos aliados de La Libertad Avanza, la oposición en Diputados logró insistir con dos tercios la ley de emergencia en discapacidad que vetó Javier Milei, una norma que cosechó un fuerte respaldo social con marchas y movilizaciones en la calle. Los 172 que votaron a favor se conformaron de los bloques críticos, impulsores de la ley, pero también con los “heridos” que dejó el oficialismo durante el último cierre de listas nacionales. Hubo 73 rechazos -entre ellos el de Maquieyra- y dos abstenciones, una de ellas, de María Eugenia Vidal. Ahora debe definir el Senado nacional.
Por La Pampa, además de Maquieyra, votó a favor del veto el otro diputado del Pro, Martín Ardohain. En contra del veto, como ya se sabía, lo hicieron los peronistas Ariel Rauschenberger y Varinia Marín y la radical Marcela Coli.
El objetivo de esta ley es asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en áreas como salud, educación, trabajo y protección social. La ley establece la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026 y fija un mecanismo automático de las prestaciones con base a la inflación.
La normativa recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al Índice de Precios del Consumidor (IPC).
En el inicio de la sesión, el oficialismo no logró frenar el debate para tratar la ley de emergencia en discapacidad que fue vetada por el presidente Javier Milei. Un total de 166 diputados votó de modo afirmativo y propició que se abra la discusión para revertir la decisión del jefe de Estado.
“Qué alegría que hayamos podido habilitar… que nadie se mueva porque después de eso depende que lo podamos votar y los familiares están esperándonos para que hagamos realidad esa necesidad”, celebró la diputada Vilma Ripoll, del Frente de Izquierda.
Luego habló Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), quien consideró que “el sistema de protección por discapacidad está atrapado en una red de normas confusas y una burocracia paralizante con organismos superpuestos”.
“Han pasado cosas gravísimas, como haber pasado de 76.000 beneficiarios a más de 1.000.000; en algunas provincias lo cobra el 8% de la población y en algunas localidades llega al 40%, sin que guerras ni epidemias lo justifiquen. Esto alimenta la sospecha de un uso clientelar y de un nivel significativo de corrupción, que erosiona la confianza pública en el sistema”, apuntó el legislador, quien señaló que la norma en discusión, declarando la emergencia en discapacidad, “es una muy mala propuesta, pero también es muy mala la actitud del Poder Ejecutivo de no proceder a la corrección de los valores de los aranceles para la asistencia”.
Más contundente fue Christian Castillo (Frente de Izquierda). “El que vote en contra de los discapacitados va a recibir el escarnio público en cada una de las localidades del país, porque todo este colectivo está totalmente movilizado. La trascendencia de este voto es mostrar que por una vez en este Congreso se va a escuchar el clamor popular”, dijo.
Estos son los principales puntos que establece la ley de emergencia en discapacidad:
-Regularización de pagos y actualización de aranceles: se propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. La iniciativa declara el sistema de interés público nacional.
-Reforma del sistema de pensiones no contributivas: el proyecto busca garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, revisando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficio.
-Fortalecimiento institucional: se plantea mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y realizar auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.
-Transparencia y rendición de cuentas: el Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.
-Compensaciones económicas: el proyecto incluye una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
-Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD): se propone que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en articulación con el Consejo Federal de Discapacidad, establezca los lineamientos para la certificación de la discapacidad, considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.
-Fortalecimiento de los talleres protegidos y centros de día: se asignan recursos específicos y compensaciones para garantizar su funcionamiento continuo.
-Cumplimiento del cupo laboral: reafirma la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
