La Cámara de Diputados aprobó por mayoría la ley que declara en situación de riesgo al sistema comercial de La Pampa y suspendió la instalación de ferias multipunto o “saladitas”, que en la mayoría de los casos operan sin regulación, con lo que generan una competencia desleal hacia los comerciantes, pymes y emprendedores locales. “Lo que buscamos es proteger el sistema comercial y laboral de nuestra provincia”, afirmó el diputado Daniel Lovera (Frejupa, peronismo).
El legislador advirtió que este tipo de ferias, al no cumplir con los requisitos legales vigentes, afectan el trabajo formal y registrado y, además, exponen a los consumidores a riesgos respecto a la calidad y trazabilidad de los productos comercializados. “La iniciativa establece que durante los tres años de vigencia se trabajará en el diseño de un marco normativo específico, que garantice igualdad ante la ley, cumplimiento fiscal y previsional, trazabilidad de mercaderías y protección integral tanto para los trabajadores como para los consumidores”, sostuvo Lovera.
“Reconocer esta situación de riesgo implica asumir que hoy no existe una regulación adecuada para este tipo de tipologías comerciales. Sin control, ponen en jaque la supervivencia de pequeños y medianos comerciantes, que son pilares de nuestras comunidades, especialmente en las localidades más pequeñas de la provincia”, sostuvo Lovera.
El diputado remarcó que la norma apunta a defender a quienes cumplen con las reglas, fomentando empleo registrado y formal, y al mismo tiempo proteger a los consumidores pampeanos. “Estamos convencidos de que avanzar hacia un desarrollo económico justo, sostenible y arraigado en nuestra provincia es lo mejor que nos puede pasar como pampeanas y pampeanos”, concluyó.
Por su parte, Javier Torroba (UCR) señaló que “esta ley es un parche” porque es transitoria y tiene fecha de inicio y de finalización. “Por eso debemos trabajar en una solución definitiva”, destacando que existe el compromiso de todos los bloques en el recinto para impulsar una regulación integral que brinde seguridad jurídica y previsibilidad al sector”, dijo.
Torroba también hizo hincapié en que la regulación de establecimientos comerciales es una competencia primaria de los municipios, aunque recordó que la provincia tiene potestad constitucional para establecer los alcances de esa autonomía. “El artículo 115 de la Constitución Provincial indica que la autonomía de los municipios debe ejercerse conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica. Creo que el espíritu del constituyente fue justamente concentrar estas regulaciones en una única norma”, explicó.
“El 80% de los municipios pampeanos tienen menos de 3.000 habitantes y muchos carecen de servicios jurídicos permanentes, lo que hace aún más necesario contar con un marco unificado y claro que facilite la gestión de intendentes y concejales en todo el territorio provincial”, epxresó.
Más adelante, Noelia Viara (Pro) resaltó la necesidad de suspender las saladitas. “Conozco de primera mano el esfuerzo de los comerciantes, el sacrificio de cientos de familias que día a día cumplen con sus obligaciones, pagan sus impuestos y generan empleo registrado. Por eso apoyo este proyecto y me manifiesto en contra de las ferias llamadas ‘saladitas’, porque no representan una competencia leal y ponen en riesgo al consumidor”, sostuvo.
La legisladora coincidió con lo planteado por otros diputados respecto de la necesidad de avanzar hacia un marco normativo de fondo. “Esto no puede quedar en un parche ni en una suspensión provisoria. Necesitamos una ley integral, seria y definitiva que proteja al comerciante pampeano”, afirmó.
Por su parte, Maximiliano Aliaga (CO)explicó las razones de su voto negativo y remarcó la “necesidad” de encarar un abordaje integral en materia comercial. “Por supuesto que no estamos a favor de ningún tipo de comercio que no respete las normas de salubridad, ni la ley de marcas, ni la normativa contra el contrabando o la evasión”, subrayó el legislador.
Aliaga destacó que su postura no implica estar “en contra” de los comerciantes pampeanos, sino “advertir” sobre los límites de la propuesta en discusión. “Hace años se repiten promesas de control que no se cumplen. No vamos a acompañar este proyecto porque entendemos que es una ley compleja, que depende de la adhesión de cada municipio y que, lejos de dar soluciones, corre el riesgo de transformarse en un nuevo parche”, sostuvo.
