El debate por la Ley de Gestión Integral de Plaguicidas volvió a estar sobre la mesa durante la Exposición Rural de General Pico. En el palco, durante la inauguración de la muestra, el presidente de la Sociedad Rural de General Pico, Carlos Matilla, celebró el rumbo de la gestión de Javier Milei, aunque con matices, y planteó una serie de reclamos al Ejecutivo provincial, entre ellas esta ley que busca controlar la aplicación de fitosanitarios. “Muchas veces el Estado actúa más como un obstáculo que como un aliado. Queremos una provincia que habilite, que deje hacer, que confíe en su gente y libere las fuerzas productivas”, dijo. “Afortunadamente, en La Pampa nuestras autoridades nos reciben y eso es valioso. Pero distinto es un diálogo donde realmente se escuche. Respetar al que produce no es solo atenderlo, sino actuar en consecuencia”, dijo.
En ese marco, cuestionó la llamada Ley de Plaguicidas, que ya está en marcha en algunos pueblos como pruebas piloto. “Un ejemplo de esta contradicción es la Ley de Plaguicidas. Tal como fue sancionada lejos de ayudarnos a producir nos perjudica seriamente”, dijo. “Esta ley establece exigencias de imposible cumplimiento, amenaza con arruinar económicamente a muchos productores y propietarios sin ofrecer verdaderas soluciones”, manifestó Matilla. “Pese a nuestras advertencias, así como de las entidades técnicas y del propio Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) que señalaron con sólidos fundamentos el carácter de impracticable y desactualizada, el gobierno provincial decidió llevarla adelante. El camino no es la imposición, sino el trabajo en conjunto entre gobierno, legisladores y productores”, continuó. “Debe ser una ley que sea equilibrada, que cuide la salud y el medioambiente, y que al mismo tiempo permita producir. La composición actual de nuestra Cámara de Diputados, repartida en mitades, representa una oportunidad inédita para que nuestros legisladores trabajen juntos”. Precisamente ese es el punto que resaltan el gobernador Sergio Ziliotto y sus funcionarios: que es una ley que cuida el medio ambiente y la salud, y a la vez que permite
Precisamente, luego del discurso de Matilla, tomó la palabra la ministra de la Producción, Fernanda González: dijo, entre otros puntos, que la ley se está aplicando en unas 15 localidades para observar su evolución, y sostuvo que las asociaciones rurales, que se han retirado del Consejo Asesor, no han hecho nuevos aportes y solo reclaman eliminarla. “Escrito no tenemos ninguna propuesta para modificar la ley. La propuesta es eliminar la ley”, dijo.
Pruebas piloto
La ley, por ahora, no está reglamentada, pero ya está en funcionamiento en unas 15 localidades. “El gobernador se puso a disposición para poder, por el reglamento, establecer protocolos con el fin de agilizar los tránsitos en el interior urbano, que es el sector que más nos preocupa porque nunca vamos a negociar la salud de las personas”, manifestó.
“Hay más de 15 municipios que están siguiendo adelante con la ley y que piden las autorizaciones (de aplicaciones). Y la idea justamente es que el gobernador nos autorice a realizar protocolos para que cada municipio tenga la independencia a la hora de poder seguir adelante las aplicaciones y sea justamente más fácil”, expresó.
El borrador de la reglamentación
En abril de este año, Diario Textual publicó que el borrador a la reglamentación a la Ley Integral de Plaguicidas está avanzando lentamente, con nuevos cambios. La intención, con estas modificaciones, es quitar burocracia en los trámites, pero siguen vigentes los principales puntos rectores de la ley: por ejemplo, la prohibición de fumigación por aire a 3 mil metros de los pueblos y por tierra a 500 metros. Las autoridades gubernamentales insisten con que la intención es que haya un equilibrio entre la producción y el ambiente. De todas maneras, no hay una definición y se pretende seguir dialogando con los diferentes actores.
La ley se aprobó en 2020. En 2024, se empezó a reunir un consejo consultivo para tratar de acordar su reglamentación. En uno de los últimos encuentros, representantes de asociaciones rurales y de empresas aplicadoras de fitosanitarios pegaron el portazo y se retiraron del consejo consultivo: pidieron, directamente, derogar la ley. Según sostuvieron, la ley “perjudica” y “burocratiza” a la producción y “criminaliza” a los ruralistas. “Los cambios propuestos (en la reglamentación) son un maquillaje…”, habían dicho en su momento. De todas maneras, últimamente ha habido acercamientos y reuniones informales para tratar de acordar.
En su momento, la llamada Mesa del Agro había reclamado estos seis puntos:
1- Distancias excesivas de exclusión y amortiguamiento sobre zonas urbanas, cursos de agua y cuerpo de agua haciendo improductiva enorme superficie de la provincia.
2- Poder de policía elevado de las autoridades de aplicación.
3- Alta carga burocrática de todos los permisos y autorizaciones para poder realizar una aplicación.
4- Un sistema de trazabilidad provincial innecesario, en la cual hay una ley nacional que la provincia puede adherir.
5- Una receta de compra que solo generará inconvenientes en el libre comercio.
6- Incorporación de las BPA para determinar condiciones de aplicación y distancias.
La llamada Mesa del Agro la integran la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Crea, la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, la Federación Agraria Argentina, la Asociación Argentina de Siembra Directa y la Cámara Empresaria Pampeana de Insumos Agropecuarios (pese a que fue invitado, no participa el Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Pampa).
Los integrantes de la Mesa del Agro no hicieron aportes: solo pidieron derogar la ley, según dijeron oportunamente a Diario Textual fuentes al tanto de las negociaciones.
En tanto, hubo otros sectores que metieron la cuchara en el borrador de la reglamentación: el Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Pampa, la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
