Joaquín, un joven pampeano de 29 años con síndrome de down, autismo y epilepsia es una de las tantas víctimas de la motosierra a la discapacidad: le suspendieron su pensión de $300 mil porque no realizó la revisión médica que le exigían desde Nación. El problema es que nunca se enteró de esa intimación ya que le mandaron la carta a un baldío, en Santa Rosa, y no a su domicilio.
Gustavo Tello, papá de Joaquín, contó lo sucedido a Diario Textual. “En agosto lo llevé a cobrar como todos los meses y no había nada. Me fui a Anses y me dijeron que me habían dado de baja porque fui intimado y no llevé a mi hijo a hacer la revisión medica. Les expliqué que estuve en febrero en Discapacidad y me dieron un papel que tenía hasta noviembre para hacer la revisión medica, el certificado nuevo. Y les manifesté que a mi casa no me llegó nada. Allí comprobaron que me habían enviado la nota a un baldío de calle Antártida Argentina y no a mi domicilio”, dijo.
Esta situación le generó muchos problemas a Joaquín. Si bien su papá Gustavo trabaja en una fábrica de alimentos balanceados en el parque industrial de Santa Rosa, los gastos que hay que afrontar mensualmente son altos.
“Ahora estamos sin cobrar la pensión y tenemos que empezar a hacer los trámites de nuevo, que no sé cuánto van a tardar. Con el dinero que le pagaban cubría el sueldo de la chica que lo cuida. Y aparte tenía el costo de la medicación, que sale alrededor de $300 mil las pastillas que toma. No sé hasta cuándo podré cubrir los gastos”, se lamentó.
Suspensiones en toda la provincia
El director de Discapacidad de La Pampa, Iván Poggio, dijo a este diario digital que las suspensión de pensiones están ocurriendo en toda la provincia. Reveló que al día de hoy deben sumar unas 30 que se han suspendido y precisó que le enviaron cartas para auditar las pensiones a unos 4 mil pampeanos y pampeanas con discapacidad.
Ese es el paso previo a la suspensión del beneficio, siempre y cuando el beneficiario no se presente a dicha auditoría a revalidar su pensión.
El problema -dijo Poggio- es que las cartas documento son enviadas en la mayoría de los casos a domicilios equivocados, como el caso de Joaquín, sin lectura de braille para personas no videntes, con citaciones para el trámite a más de 200 km y con la exigencia de presentar documentación médica con solo una semana de plazo. De esta manera, las auditorías se transforman en una verdadera barrera para las personas con discapacidad y derivan en una quita del beneficio.
