Eduardo Maidana, integrante del Foro Permanente para la Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, reconoció que están haciendo gestiones para que el Gobierno nacional promulgue la ley de emergencia en discapacidad, luego del rechazo al veto presidencial por el Senado de la Nación.
“Fue un logro de la democracia a través de sus mecanismos en defensa de un sector vulnerable de la sociedad, un veto injusto y cruel, pero esto no fue el final de un recorrido sino el principio”, expresó a Diario Textual.
Maidana dijo que están solicitando entrevistas a los interventores de la Agencia Nacional de Discapacidad, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al ministro de Salud, Mario Lugones para que se avance con la norma en su reglamentación y promulgación, luego que la semana pasada el Senado rechazara el veto del presidente Javier Milei, quien ya no puede usar su poder de veto cuando el Congreso insiste con un proyecto previamente vetado.
“Ahora necesitamos dar paso a la ejecución de la ley y de todo lo que implica con continuar en el ejercicio de derechos de los pacientes y el trabajo de los servicios, así como la pensión del programa Incluir Salud y acceder a la medicación y/o sillas de ruedas, por ejemplo, o transporte y educación”, resumió.
Maidana, por otro lado, admitió que los servicios de atención a las personas con discapacidad “están en una situación de quiebre”. “En la realidad cotidiana no ha cambiado en nada por el momento”, agregó.
“Estamos pidiendo a los funcionarios responsables, la celeridad que requiere la atención de miles de personas con discapacidad y queremos que la sociedad no olvide el tema”, concluyó el integrante del Foro Permanente para la Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El 4 de septiembre, el Congreso reunió los 2 tercios en el Senado para que la ley quede firme. La votación para rechazar el voto logró 63 votos afirmativos y 7 negativos. El veto ya había sido rechazado el 20 de agosto en Diputados, con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones.
La norma incluye una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
También busca garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, revisando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficio, así como se plantea mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y realizar auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.
