“Desde un primer momento, cuando convocamos a todos los sectores a la reunión, les dijimos que la eliminación de la feria judicial era una idea para conversar entre todos y eventualmente llegar a un punto de común acuerdo”, afirmó el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Fernández Mendía.
“En ningún momento se dijo que sería una imposición o que ya se había redactado un proyecto de ley, y creo que de eso pueden dar fe quienes estuvieron en la reunión”, dijo.
Con esa frase, Fernández Mendía aludió al encuentro que fines de agosto el STJ mantuvo con autoridades del Colegio de Abogados y Procuradores, el Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales, el Sindicato de Trabajadores Judiciales, la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal y la Asociación de Defensores y Defensoras Públicas.
En ese cónclave desde el STJ se explicó que el cuerpo estaba analizando presentar un proyecto de ley para la eliminación de las ferias judiciales de enero y julio, pero que ello quedaba supeditado a que hubiese una propuesta consensuada.
“Es importante que cada uno de los sectores ligados al servicio de justicia exprese su opinión sobre el tema y proponga ideas o sugerencias; pero también es fundamental dejar en claro que para que se avance con la propuesta se necesita de consensos. No entendemos que pueda ser de otra manera”, concluyó Fernández Mendía.
En agosto, el Superior Tribunal de Justicia se reunió con representantes de distintos sectores judiciales para informarles que el cuerpo está analizando presentar un proyecto de ley para eliminar las ferias judiciales de enero y julio y, de esa manera, poder brindar un servicio de justicia pleno a lo largo de todo el año. En caso de que la propuesta sea remitida a la Legislatura provincial, y eventualmente aprobada, La Pampa pasaría a ser la primera provincia en no tener ferias tanto en el fuero penal como en el civil.
Desde el STJ argumentaron que lo que se pretende es beneficiar a la comunidad pampeana, al garantizarle el acceso al servicio de justicia sin interrupciones durante todo el año, con el propósito de profundizar su eficiencia, agilidad y confiabilidad, a partir del uso de los avances tecnológicos y de gestión. Ello, sin que implique ninguna modificación y/o pérdida de derechos para los trabajadores/as y funcionarios/as judiciales.
La iniciativa ha cosechado apoyos, pero también fuertes cuestionamiento. La resistencia, principalmente, proviene de empleados y de abogados particulares.
