El presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa (AAGLP), José Ignacio de la Iglesia, adelantó que están elaborando una propuesta para presentar al gobernador Sergio Ziliotto durante la 99ª Expo Rural de Santa Rosa, que se desarrollará entre el 3 y el 5 de octubre. El planteo, dijo, apunta a “trabajar en conjunto” en una agenda común entre el sector agropecuario y el Gobierno provincial, que incluya temas tributarios, de infraestructura y medioambientales.
“Queremos proponerle algo nuevo al gobernador para poder empezar a trabajar en conjunto, encontrar puntos en común y diagramar una agenda de trabajo con el Gobierno provincial”, dijo De la Iglesia, en una conferencia de prensa, acompañado por el secretario de la Agrícola, Ricardo Rey Silva, cuando Diario Textual le consultó si ya había realizado el listado de pedidos que le hará a Ziliotto cuando visite la exposición. No dio mayores detalles de lo que solicitará.
Ley de Plaguicidas: rechazo a la actual redacción
Uno de los principales cuestionamientos que la AAGLP mantiene es la actual Ley Integral de Plaguicidas, que ya se está aplicando como prueba piloto en 15 pueblos.
De la Iglesia recordó que la institución participó en “todas las instancias” de debate -aunque, en rigor, se retiraron el año pasado del Consejo Asesor, que pretende establecer la redacción de la reglamentación- y ratificó su desacuerdo con la aplicación “parcial” que impulsa el Gobierno en una quincena de localidades. Por eso reclamó, directamente, eliminar la actual legislación. “La ley está vigente o no está vigente. No puede aplicarse a medias. Además, quedó desactualizada y necesita ser revisada, por ejemplo, con el uso de los drones (para pulverizar). Planteamos volver a la Legislatura para discutirla de nuevo con base en criterios científicos serios, porque una reglamentación no puede corregir el espíritu de una ley”, sostuvo.
El dirigente remarcó que no se oponen a establecer distancias de seguridad en las pulverizaciones, pero insistió en que deben fijarse “con datos técnicos que determinen riesgos reales para la salud” de la población. “Se han basado en criterios sin sustento científico”, agregó.
El debate por la Ley de Gestión Integral de Plaguicidas volvió a estar sobre la mesa durante principios de mes en la Exposición Rural de General Pico. En el palco, durante la inauguración de la muestra, el presidente de la Sociedad Rural de General Pico, Carlos Matilla, celebró el rumbo de la gestión de Javier Milei, aunque con matices, y planteó una serie de reclamos al Ejecutivo provincial, entre ellas esta ley que busca controlar la aplicación de fitosanitarios. “Muchas veces el Estado actúa más como un obstáculo que como un aliado. Queremos una provincia que habilite, que deje hacer, que confíe en su gente y libere las fuerzas productivas”, dijo.
En ese momento, luego del discurso de Matilla, tomó la palabra la ministra de la Producción, Fernanda González: dijo, entre otros puntos, que la ley se está aplicando en unas 15 localidades para observar su evolución, y sostuvo que las asociaciones rurales, que se han retirado del Consejo Asesor, no han hecho nuevos aportes y solo reclaman eliminarla. “Escrito no tenemos ninguna propuesta para modificar la ley. La propuesta es eliminar la ley”, dijo.
La ley, por ahora, no está reglamentada, pero ya está en funcionamiento en unas 15 localidades. “El gobernador se puso a disposición para poder, por el reglamento, establecer protocolos con el fin de agilizar los tránsitos en el interior urbano, que es el sector que más nos preocupa porque nunca vamos a negociar la salud de las personas”, manifestó.
En abril de este año, Diario Textual publicó que el borrador a la reglamentación a la Ley Integral de Plaguicidas está avanzando lentamente, con nuevos cambios. La intención, con estas modificaciones, es quitar burocracia en los trámites, pero siguen vigentes los principales puntos rectores de la ley: por ejemplo, la prohibición de fumigación por aire a 3 mil metros de los pueblos y por tierra a 500 metros. Las autoridades gubernamentales insisten con que la intención es que haya un equilibrio entre la salud, la producción y el ambiente.
Caminos rurales: reclamo histórico
Otro eje de la agenda que los ruralistas llevarán al Gobierno provincial es el estado de los caminos de tierra, vitales para la salida de la producción y la vida cotidiana en el campo.
“Es un reclamo de antaño. La red terciaria depende de un programa en el que intervienen Vialidad Provincial y las municipalidades, pero la situación es muy desigual: hay zonas donde funciona bien y otras donde es crítica. No solo necesitamos caminos para sacar la producción, también porque hay familias que viven en el campo y a veces no pueden llegar a un hospital por el mal estado de las rutas”, advirtió de la Iglesia.
El dirigente cuestionó la “falta de inteligencia” en el mantenimiento. “No es solo pasar la máquina, hay que hacerlo en el momento oportuno. En muchas ocasiones, los arreglos se hacen en la peor época y terminan empeorando la situación”, expresó.
Presión tributaria: visión opuesta a la del Gobierno
También se refirió a la carga impositiva. En ese marco, Diario Textual le recordó que en el acto de la exposición del año pasado el gobernador Sergio Ziliotto dijo que la carga tributaria provincial tiene valores inferiores al promedio de la región: expresó que hace más de 10 años que rigen las mismas alícuotas de ingresos brutos del sector agropecuario y que, además, hay una fuerte caída de la incidencia del impuesto inmobiliario rural en términos de poder de compra de los productores, ya sea en novillos, quintales de soja, dólares u otro parámetro.
En ese marco, el titular de la AAGLP sostuvo que la lectura oficial “es parcial” y que “la participación del campo en la recaudación es mucho más amplia de lo que reconoce el Gobierno” pampeano.
“El productor agropecuario paga un sinnúmero de impuestos que no puede trasladar, porque somos actividad primaria. La lectura de que no se aumentan Ingresos Brutos es relativa: lo que se paga no es poco y cualquier incremento impactaría directamente en la producción. Además, el agro pampeano es la columna vertebral de la provincia: dinamiza la economía del interior y moviliza al resto de las actividades”, enfatizó.
“Además, nosotros tenemos costos adicionales que no tiene un productor que vive en Buenos Aires o en Santa Fe. Estamos por ejemplo más lejos de los puertos… Lo que quiero referir es que el productor agropecuario paga un sinnúmero de impuestos que le trasladan otros y el gobernador sabe bien que si la Provincia, que aplica por ejemplo el 0,5% en ingresos brutos, lo aumenta, automáticamente genera un impacto negativo en la producción”, manifestó.
Sircreb
De la Iglesia también insistió en la necesidad de eliminar el llamado Sircreb (Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias). “Debería eliminarse. Y si no, que tengamos la posibilidad de salir rápido (del sistema). Que una vez que se pague, que se apriete un botón y que desaparezca la deuda y que se pueda seguir produciendo… Ya se lo hemos manifestado al gobernador…”, expresó.
El año pasado, el mandatario había anunciado una “simplificación” de los trámites públicos, entre ellos el Sircreb. En ese marco, se había referido a la Ventanilla Fiscal, una herramienta que permite a los contribuyentes con actividad exclusiva en la provincia de La Pampa, acceder vía internet a la compensación de saldos a favor de los contribuyentes para pagar otros impuestos, como Vehículos, Inmobiliario, Sellos o Tasas provinciales, aunque también para pagos no tributarios.
También había manifestado que el Sircreb, por lo menos el año pasado, afectaba “solamente al 11 % de contribuyentes” vinculados a las actividades del agro. “Y sólo el 6 %, o sea 719 son los que están incluidos ante conductas vinculadas a la evasión o elusión fiscal provincial”, había dicho. “Mantener ese control de cumplimiento fiscal impide que el 94 % restante, o sea 11.055 buenos contribuyentes tengan que soportar más carga tributaria debido al incumplimiento de una minoría. Aun así, seguiremos morigerando las consecuencias para aquellos contribuyentes que ordenaron su situación, tras recibir las penalidades que fija este sistema nacional”.
