Una decisión de dos juezas, Marina Alvarez y Laura Torres, de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones con sede en Santa Rosa, frenó la sentencia en un caso por una indemnización laboral que espera una resolución hace más de nueve meses. Ambas no quieren dictar el fallo, el Superior Tribunal de Justicia les ordenó que avanzaran y al pasárselo nuevamente a un juez, las dos fueron denunciadas.
El juez Claudio Soto, titular del Juzgado 2 de Primera Instancia en la Laboral, denunció ante el Ministerio Público Fiscal a las camaristas Alvarez y Torres porque, dijo, lo quieren obligar a dar una sentencia en la cual se declaró incompetente. Las dos camaristas además se habían “rebelado” contra el STJ que había dictaminado que les correspondía a ellas dictaminar sobre una indemnización en un juicio laboral, pero ambas decidieron negarse y que pasársela nueva a Soto. Mientras tanto, el denunciante sigue esperando un fallo hace más de nueve meses.
Soto presentó la denuncia ante el MPF, en el que consideró que “la insistencia de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en hacerme dictar una resolución que legalmente no me corresponde y que podría hacerme incurrir en un delito tipificado en el art. 248, Cód. Penal; pues siendo funcionario público debería dictar una resolución que la ley no me habilita; o estaría ejecutando una orden dada por la Cámara de Apelaciones para dictar una resolución para la cual la ley no me habilita pues no tengo competencia ni jurisdicción para ello”.
“Las juezas de Cámara firmantes de aquellas resoluciones -agregó- han impartido una orden contraria a las leyes, al delegar el cumplimiento de funciones que les son propias, por lo que entiendo habrían incurrido en la conducta tipificada por el art. 248 del Cód. Penal. En igual conducta incurriría el suscripto si es que ejecuta la orden o resolución impartida, por lo que me abstendré de realizar ello”.
Todo comenzó con una causa laboral por indemnización de Fernando Arias contra Nill SRL y otros, en la que el juez Soto había resuelto y fue apelada, por lo que el magistrado se declaró incompetente por un conflicto negativo y esta llegó hasta la Cámara 2. Pero las camaristas Alvarez y Torres revocaron la decisión ya que afirmaron que la liquidación final del juicio debía ser resueltos por el juez Soto. El procurador general, Mario Bongianino, les dio la razón y afirmó que debía volver al juzgado. Soto, por supuesto se negó y la causa pasó el STJ.
Nuevamente el juez se excusó y pasó al STJ, que el 26 de diciembre de 2024 resolvió declarar la incompetencia de Soto y que las camaristas debían expedirse y acatar la resolución de los ministros.
Nueve meses después, las camaristas de la Sala 1 Alvarez y Torres dictaminaron el 28 de agosto pasado que no iban a acatar y pusieron en duda los fundamentos del STJ. De esta manera, las dos camaristas se rebelaron ante la decisión y dijeron que su fallo no estaba sujeto a “la función de superintendencia del STJ”.