Raúl Eduardo Jaliff, titular de una licencia de taxis de Santa Rosa le envió una nota a la presidenta del concejo deliberante, Romina Montes de Oca, en la que le solicita obtener el permiso municipal para adherir su vehículo a las plataformas digitales, como Uber.
El taxista argumentó la difícil situación económica que atraviesan los taxis legalmente habilitados, lo que atribuyó a la “gran cantidad de automóviles que actualmente trabajan con la aplicación Uber”.
Esta situación, dijo, generó una “competencia desleal y una marcada disminución en la demanda de los servicios de taxi regulados”.
La nota presentada por Jaliff fue presentada en el momento en el que el concejo está discutiendo una ordenanza para regular las plataformas digitales para el transporte de personas. El objetivo es reglamentar el funcionamiento de Uber, que desembarcó en agosto de 2024 y se instaló con fuerza entre los usuarios de Santa Rosa. El efecto es tan grande que los taxistas aseguraron que la actividad se les cayó un 60%.
Hace unos quince días, propietarios y choferes de taxis se movilizaron a la municipalidad de Santa Rosa e irrumpieron en la sesión del concejo deliberante para reclamar la sanción del proyecto para regular la aplicación Uber. Pidieron a los concejales que no les “suelten la mano” porque están en “emergencia”.
En tanto, esta semana choferes de Uber realizaron una manifestación por las calles de Santa Rosa en reclamo de una ordenanza que les permita seguir trabajando. Dijeron que no quieren ser “ilegales” en la capital pampeana. Plantearon sus diferencias con el proyecto que está en tratamiento en el concejo: no quieren un cupo máximo de un auto cada 700 habitantes y también están disconformes con los modelos de vehículos que les pretenden imponer para trabajar.
Uber desembarcó en la capital pampeana en agosto de 2024, en medio de amenazas de sanciones, multas y hasta secuestros de automóviles y motos. Desde entonces, habilitó a conductores de autos particulares —e incluso motos— a sumarse al servicio de traslado de personas.
La empresa, que opera en Argentina desde 2016, sostiene que su actividad es legal bajo el amparo del artículo 1280 del Código Civil y Comercial, que regula los contratos de transporte “entre privados”. Sin embargo, tanto el municipio de Santa Rosa como el sector de taxis y remises insisten en que se trata de un servicio público de transporte y, por lo tanto, requiere autorización y regulación específicas.
Lejos de retroceder, Uber consolidó su presencia en la ciudad. A principios de mayo anunció que los usuarios ya pueden solicitar viajes en taxis a través de la propia aplicación, lo que llevó a que incluso algunos taxistas comenzaran a trabajar con la plataforma. Esto forzó al gremio de peones de taxis a pedir que la actividad sea legalizada, aunque con requisitos.
A principios de septiembre la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería rechazó un recurso de apelación presentado por propietarios de taxis y remises que pretendía prohibir el funcionamiento de la aplicación y de esta manera Uber sigue en pie en Santa Rosa.
