El Gobierno nacional anunció hoy que cumplirá con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró procedente la extradición de Federico Andrés Machado a los Estados Unidos, donde se lo investiga por los delitos de lavado de dinero y narcotráfico. A través de un comunicado, la Oficina del Presidente informó que el jefe de Estado instruyó a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete a ejecutar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para concretar la medida judicial conforme a lo previsto por la ley.
“El Presidente de la Nación ha instruido a las áreas competentes a instrumentar los pasos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo correspondiente”, precisó el texto oficial.
Este martes por la mañana, el máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó los argumentos presentados por la defensa de Machado y avaló el pedido de extradición formulado por la justicia estadounidense. Según el fallo, la solicitud cumple con los requisitos de cooperación internacional en materia judicial, lo que permitió confirmar el proceso iniciado a raíz de la petición de las autoridades de Estados Unidos.
Esa resolución de la Corte dejó la decisión en manos del Poder Ejecutivo, que la viabilizó horas después. En ese marco, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, adelantó que Machado será custodiado por las fuerzas federales.
La causa se originó cuando un Gran Jurado Federal del Distrito Este de Texas dictó un auto de procesamiento contra Machado y otras ocho personas. El expediente detalla que el empresario argentino enfrenta cinco cargos principales: el primero lo acusa de integrar una organización criminal dedicada a la posesión, con intención de distribuir, de al menos cinco kilogramos de cocaína; los cargos segundo y tercero amplían la imputación a la fabricación y distribución de la misma cantidad de droga, presumiendo su importación ilegal a Estados Unidos, y lo señalan como cómplice en estos delitos; el cuarto lo vincula a una asociación ilícita para cometer lavado de dinero; y el séptimo lo implica en una conspiración para perpetrar fraude electrónico.
Durante el proceso, la defensa, representada por Norberto Oneto y Roberto Rallin, presentó diversas objeciones. Alegaron la inexistencia de “doble incriminación”, cuestionaron la imparcialidad del juez federal interviniente por rechazar pruebas ofrecidas y negar la recusación solicitada, y denunciaron una supuesta violación al principio de igualdad de armas, ya que en el juicio participaron tres funcionarios del Ministerio Público Fiscal frente a solo dos defensores. Además, plantearon la inconstitucionalidad del artículo 30 de la ley 24.767, que delimita el alcance del juicio de extradición, e invocaron el principio de “ne bis in idem”.
En el marco de la investigación, Machado fue vinculado al diputado José Luis Espert, quien recientemente renunció a su candidatura legislativa por La Libertad Avanza tras conocerse sus lazos económicos con el empresario. Según consta en la causa, Espert habría recibido una transferencia de aproximadamente USD 200.000 en concepto de asesoría para un proyecto minero de una empresa controlada por Machado en Guatemala. Además, se le atribuye haber realizado cerca de treinta vuelos en aviones privados financiados por el empresario durante su campaña presidencial de 2019, por un monto estimado en USD 350.000.
La defensa también solicitó que se requiriera a la justicia estadounidense información sobre la situación procesal de la coimputada Kayleigh Moffet y su posible impacto en el pedido de extradición. El último informe de la Secretaría Judicial consignó que el juzgado requirente informó la condena de Moffet —mediante un acuerdo— por los cargos 4 y 5, y de Debra Mercer Lynn Erwin —tras juicio— por los cargos 1, 2, 4 y 7. Además, Estados Unidos reiteró su interés en la extradición de Machado.
Entre los fundamentos del fallo firmado este martes, la Corte Suprema sostuvo que “de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación interino, se confirma la sentencia apelada en cuanto declaró procedente la extradición de Federico Andrés Machado a los Estados Unidos de América para ser sometido a proceso por los cargos uno, dos, tres, cuatro y siete de la Quinta Acusación de Reemplazo de fecha 5 de mayo de 2021”.
La decisión final sobre la extradición recayó así en el Poder Ejecutivo, que resolvió minutos antes de las 16 horas conceder la extradición para que el empresario sea trasladado.
