El 61° Coloquio de IDEA confirmó el apoyo del Círculo Rojo al gobierno de Javier Milei y su vocación de apuntalarlo, buscándole los consensos políticos que Casa Rosada residente dinamita. Sin embargo, el empresariado hace saber que padece la motosierra en aspectos centrales que hacen a la competitividad. Pide, con otras palabras, más (y mejor) Estado. La red de rutas e infraestructura deteriorada encarece los costos logísticos de los productos que van al puerto; la ausencia de controles aduaneros en las fronteras incrementa los volúmenes de contrabando; el desinterés que perciben en el combate contra la evasión hace que los competidores informales no se expongan a sanciones. Reclama por mejoras en la educación. El Estado en su mínima expresión afecta a los negocios.
Ignacio Lartirigoyen, empresario agropecuario pampeano que desde Catriló creó una de las empresas más grandes del centro de país, enumeró condiciones para mejorar el negocio agroindustrial. “Reducir costos logísticos es importantísimo, y para eso hay que mejorar el estado de las rutas y accesos a puertos”, dijo, según reprodujo el portal Letra P.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, recordó, en su exposición, que desreguló el paso de bitrenes por rutas nacionales para reducir el costo del flete entre un 30% y un 40%.
Lartirigoyen, uno de los más entusiastas en La Pampa con el Gobierno libertario, matizó la afirmación del ministro. “Las rutas tienen que ser viables para que circulen los bitrenes”, dijo. Y, en diálogo con Letra P, puso un ejemplo. “La ruta 5 (que une Buenos Aires con La Pampa) se usa para llevar arena a Vaca Muerta. Está rota y despareja; si un auto o una camioneta quiere pasar un bitrén, es un peligro”, afirmó.
Juan Farinati, CEO de Bayer, recordó que no es un tema sólo nacional. “En provincia de Buenos Aires, hay 900.000 hectáreas inundadas, pero otras cuatro millones de hectáreas están inaccesibles”, dijo. Espera que la licitación de las concesiones viales sea el primer paso para mejorar la infraestructura con un esquema de inversión privada.
El contrabando
Luis Galli, CEO de Newsan, que fabrica electrónica en Tierra del Fuego y compró las marcas de consumo masivo Procter & Gamble, lo dijo sin vueltas. “Nosotros competimos con el mundo; hoy ya entra la tecnología por courier, con Shein, Themu y Amazon. Pero queremos competir con la cancha nivelada y el contrabando lo impide”, dijo. “Necesitamos condiciones justas, queremos que se elimine el contrabando”, reclamó.
Entre tres y cuatro de cada diez teléfonos celulares que se venden en el país entran sin papeles por países limítrofes. El 20% de las máquinas de afeitar, también. En el caso de los perfumes, el 80% son contrabandeados.
Es un reclamo transversal y la Unión Industrial Argentina (UIA) tomó nota. Martín Rappallini, presidente de la UIA, se lo preguntó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un almuerzo privado con empresarios. Otro asistente contó que la respuesta fue «no hay plata». La ministra dijo que no tiene recursos suficientes para mejorar los controles en las fronteras.
Bullrich agregó que el inminente acuerdo comercial con Estados Unidos permitirá conseguir financiamiento blando para incorporar la tecnología satelital necesaria para controlar. La protección de la propiedad intelectual es un aspecto clave del lobby empresarial estadounidense.
La evasión y la falta de controles
Nicolás Braun, de supermercados La Anónima, enfatizó sobre la necesidad de presencia estatal. “Llegó el momento que el Estado se ponga los pantalones y avance sobre una mejor fiscalización”, dijo.
En la línea de Galli, planteó que la falta de controles quita competitividad a las empresas formales. “La Cámara Argentina de Comercio hizo un estudio que concluye que un comerciante que trabaja 100% informal puede vender un 30% por debajo del formal y obtener la misma rentabilidad”, dijo.
Alejandro Díaz, CEO de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham), trazó un diagnóstico más amplio. “No veo convicción de acelerar procesos de control de la informalidad. Al revés, le quitaron responsabilidad a los bancos para hacer un seguimiento del dinero, más allá de los controles vinculados al narcotráfico”, sostuvo.
“El Gobierno no parece preocupado por el 40% de la economía que está fuera del sistema”, le dijo a Letra P Matías Surt, director de Invecq y encargado de presentar un informe sobre la presión tributaria que soportan las empresas que están en blanco.
El Estado mínimo
En un almuerzo privado, los secretarios de Energía y Comercio de Toto Caputo, Daniel González y Pablo Lavigne, lamentaron el congelamiento de los sueldos ejecutivos en el Estado. Ambos soportan deserciones que ralentizan los procesos y agregan más trabas burocráticas.
Lavigne quedó con una estructura mínima, luego de las salidas de los secretarios Marcos Ayerra (Pymes) y Esteban Marzorati (Industria), y de otros funcionarios.
Lavigne es quien recibe la gran cantidad de reclamos vinculados a la microeconomía. El combo de apertura comercial, contrabando y caída del poder adquisitivo es peligroso. El secretario reza el credo de la libertad de comercio, repite que con la estabilización de la macroeconomía se generarán las condiciones para competir y que algunos quedarán en el camino, como ocurrió con sus exfuncionarios.
