Andrés Oyarce, presidente del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de La Pampa, reconoció que el contexto de crisis social y económica derivó en un nivel de demanda de atención de los profesionales de la salud mental. “Nuestros colegas reciben muchas solicitudes de turnos, tanto sea con obras social o prepagas o de manera particular”, dijo a Diario Textual y admitió que, pese a la situación económica, la gente hace el esfuerzo también para, en el caso de no tener obra social o prepaga, pagar la consulta de manera particular.
Ante este contexto, el titular del colegio profesional recordó que existe un sistema solidario de atención psicológica que estipula que cada profesional puede aplicar una bonificación del 50% por sobre los honorarios que cobra, si encuentra alguna persona que no puede llegar a abonar el total de la consulta. “Eso está previsto y lo resuelve el profesional que recibe y evalúa a cada paciente”, sostuvo.
Oyarce habló de las dificultades con una o dos obras sociales que no cumplen con los pagos en tiempo. “Entendemos que, en el caso de las obras sociales, ante los despidos que están ocurriendo en el sector privado las debilita porque esos despedidos dejan de aportar. Entonces hay menos empleados y empleadas en blanco que hagan aportes a esas obras sociales sindicales”, aclaró.
También se refirió a lo que ocurre con la atención a personas con discapacidad. “Existe un congelamiento por parte del Gobierno nacional de los honorarios que se pagan y eso generó un reclamo, tanto de las asociaciones profesionales como de los familiares de las personas y que estuvo relacionado a la ley de emergencia en discapacidad, sancionada en el Congreso, con veto presidencial y rechazo a ese veto pero que sigue sin actualizar las partidas de los honorarios de profesionales que atienden a las personas con discapacidad”, dijo.
Finalmente, Oyarce destacó que, a nivel local, el Gobierno de La Pampa se hizo cargo de la cobertura de algunos programas nacionales que se fueron desfinanciando desde el Gobierno nacional, como el programa de residencias interdisciplinarias en salud mental y la construcción y apertura de la Casa Joven, en Santa Rosa. “Se hace cada vez más difícil y adecuar la respuesta a la demanda de atención, ante los recortes presupuestarios de los programas nacionales”, expresó el presidente del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de La Pampa.
En esta línea, esta semana, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) informó que en el proyecto de presupuesto nacional para 2026, el gobierno de Javier Milei apunta a desfinanciar la actividad de “Apoyo y Promoción de la Salud Mental” del Programa 42 de Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas. “Es la única línea del Ministerio de Salud de la Nación destinada a implementar la Ley 26.657 de Salud Mental como corresponde y a impulsar abordajes desde una perspectiva comunitaria”, explicó la ACIJ.
“La actividad en materia de salud mental -añadió- contaría con apenas 48 millones de pesos, lo que implica una reducción del 91,53% respecto de los recursos vigentes para el año en curso, de los cuales, hasta la fecha, solo se ejecutó un 30,75%”.
Desde ACIJ se detalló que la actividad “Apoyo y Promoción de la Salud Mental” incluye acciones fundamentales como la capacitación y cooperación técnica con equipos de salud y autoridades locales. Además, contempla el fortalecimiento de la red de dispositivos intermedios, como son las casas de medio camino, viviendas asistidas, centros de día, entre otros modelos que funcionan.
