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Discapacidad: prestadores pampeanos advierten que por el congelamiento de aranceles se están cortando terapias

23 de octubre de 2025
Discapacidad: prestadores pampeanos advierten que por el congelamiento de aranceles se están cortando terapias

Prestadores pampeanos reclamaron públicamente una actualización de los aranceles que cobran por realizar las terapias a personas con discapacidad y advirtieron que por el corte de fondos y la no aplicación de la ley de emergencia se están interrumpiendo los tratamientos.

Johanna Oses es licenciada en psicopedagogía y Rosela Bareiles especialista en rehabilitación visual. Ambas expusieron la situación que atraviesa el sector.





Clave




“La situación es crítica. Estamos desde noviembre del 2024 cobrando exactamente lo mismo: $12.377 por sesión, cuando el mínimo establecido por nuestros colegios profesionales es de $25.000”, revelaron.

“Siempre fue muy lento cobrar cada tres meses, pero jamás tuvimos un año completo con el valor congelado. El alquiler aumenta cada tres meses y nuestro sueldo sigue siendo el mismo”, advirtieron.

La situación también afecta a pacientes ya que muchas obras sociales solo reintegran un porcentaje basado en el valor de $12.090, lo cual no alcanza a cubrir los honorarios actuales.





“El impacto es muy fuerte porque se están interrumpiendo las terapias. En estimulación visual trabajamos con una edad crítica hasta los 8 o 9 años. Se pierde un tiempo importantísimo”, dijo Bareiles.

“En psicopedagogía, fonoaudiología o kinesiología se pierden todos los avances”, agregó Oses.

Los problemas se agravan día a día porque las profesionales no pueden sostener los alquileres de sus consultorios, ni cumplir con el pago del monotributo.

“Ya estamos preparando la documentación para 2026 sin saber cómo podremos afrontar los costos”, alertaron.

La grave situación que atraviesan las personas con discapacidad, sus familias, los acompañantes terapéuticos y los centros de rehabilitación son consecuencia de que el Gobierno de Javier Milei no aplica la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Poder Legislativo luego del veto del presidente.

El Ejecutivo aún no la reglamentó y eso dejó un vacío legal que impide mejoras en los pagos del sector.


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