Cuando aún resuenan las críticas y advertencias de Carlos Verna al Gobierno provincial, una diputada ultravernista volvió a marcar la cancha con el área hidrocarburífera El Medanito: Noelia Sosa (Frejupa, peronismo) avisó que el anteproyecto de pliego licitatorio del área, elaborado por el Poder Ejecutivo, no respeta lo establecido por la Ley 3620 en materia de regalías y podría generar un perjuicio económico para la Provincia. Desde el Gobierno de Sergio Ziliotto, por lo pronto, la desmintieron terminantemente: entre otros puntos, fuentes oficiales dijeron que todavía “no existe un pliego” y que “no se modifica ningún criterio establecido por la ley” ya que “se mantiene la distinción entre regalías básicas e incrementales” y sus respectivos porcentajes. “La posición de la diputada es política”, lanzaron.
Sosa, oriunda de 25 de Mayo e integrante de la Comisión de Precalificación y Preadjudicación de El Medanito, informó que presentó formalmente sus observaciones ante la Secretaría de Energía y alertó que el texto propuesto “viola la voluntad del Legislador” al modificar el criterio de cálculo de las regalías hidrocarburíferas.
Según explicó, la ley provincial distingue entre “Producción Básica” y “Producción Incremental” de hidrocarburos. En ese marco, se otorga un porcentaje menor de regalías solo cuando la mayor producción sea consecuencia de nuevas inversiones, como la perforación de pozos o la aplicación de técnicas de recuperación mejorada. “El proyecto del Ejecutivo elimina ese criterio y considera como producción incremental toda la que supere una curva teórica basada en años de baja inversión”, alertó la diputada. “Eso implica que se paguen regalías menores aun sin haber hecho nuevas inversiones, transfiriendo ganancias ilegales al futuro operador del área”, agregó.
Sosa advirtió que, de aprobarse el texto tal como está, para 2030 solo el 34% de la producción actual del yacimiento estaría gravada con la alícuota del 20%, mientras que el resto abonaría apenas el 15%. “Eso no responde al mandato legal y es claramente perjudicial para los intereses pampeanos”, enfatizó.
La legisladora también cuestionó los argumentos técnicos de la Secretaría de Energía sobre la “imposibilidad” de medir la producción por pozo. “Existen sistemas modernos y accesibles, como medidores ultrasónicos o multifásicos, que pueden instalarse en boca de pozo. Cumplir con la ley no es un gasto, sino una inversión para la Provincia, dueña del recurso”, sostuvo.
En ese sentido, propuso modificar el pliego para que se ajuste estrictamente a la Ley 3620, incorporando definiciones precisas de “producción básica” e “incremental” y exigiendo la instalación obligatoria de caudalímetros en cada pozo nuevo o intervenido, conforme a normas internacionales API o ISO.
También pidió que, ante el mal funcionamiento de esos equipos, se apliquen automáticamente las regalías más altas previstas por ley.
Finalmente, Sosa solicitó que sus modificaciones sean incluidas en el Pliego de Bases y Condiciones y en el Contrato de Concesión en elaboración, “para salvaguardar los intereses de los pampeanos y asegurar el cumplimiento del mandato legal”.
Desde Casa de Gobierno la desmintieron. Según dijeron fuentes del Ejecutivo consultadas por Diario Textual, todavía “no existe un pliego” y “no se modifica ningún criterio establecido por la ley” ya que “se mantiene la distinción entre regalías básicas e incrementales” y sus respectivos porcentajes.
Explicaron que existe un anteproyecto de pliego que está circulando entre los miembros de comisión para que opinen. En ese marco, la diputada presentó una nota que fue recepcionada y se le contestó en forma verbal en el día de la fecha. Independientemente de eso, se les corrió traslado a todos los integrantes para que por escrito fijen posición frente a la postura de legisladora.
Aclararon que la comisión creada por la ley será quien tenga que establecer que sistema resulta más eficiente y con menor incertidumbre entre una y la otra regalía.
Expresaron que de ninguna manera se considera producción incremental a la que no provenga de nuevas inversiones en el área.
Además, dijeron, “de ninguna manera se genera” un perjuicio económico para la Provincia. “La posición de la diputada es política”, lanzaron.
“La propuesta que formula puede causar un perjuicio económico a la provincia por la altísima incertidumbre de la medición propuesta, motivo por el cual será analizada y contestada oportunamente”, finalizaron.