La Comisión de Legislación General, presidida por Liliana Robledo, se reunió este martes y contó con la presencia de integrantes del Ministerio de Educación para debatir dos proyectos. Asistieron a la Legislatura la subsecretaria de Educación, Sandra Gálvez; la subsecretaria de Educación Técnica Profesional, Daiana Schapert Berpof; la directora general de Educación Secundaria, Gabriela Morán; la coordinadora pedagógica de Políticas Educativas, Rocío Mora Souto; el director general de Personal Docente, Fernando Castro; y el asesor letrado del Ministerio de Educación, Mariano Rodríguez.
En primer lugar, se discutió la iniciativa del bloque UCR, por la que se establece el derecho a la desconexión digital del personal docente de todos los niveles, categorías y jerarquías, fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencia.
El asesor Mariano Rodríguez fue quien tomó la palabra y explicó que, luego de revisar el texto y sus fundamentos, el ministerio observó que la iniciativa “pretende eximir al personal docente de una obligación que normativamente no existe” actualmente. En ese sentido, aclaró que las resoluciones vigentes del Ministerio de Educación ya regulan las funciones, horarios y responsabilidades de cada cargo del sistema, “sin establecer en ningún caso la obligación de estar conectados o disponibles fuera de la jornada laboral”.
“El proyecto busca reconocer un derecho que ya está vigente, porque ningún docente tiene la obligación de responder mensajes, correos o requerimientos fuera del horario escolar”, sostuvo Rodríguez. “En cambio, la redacción actual podría resultar gravosa, ya que impone una disponibilidad una hora antes y una hora después del horario laboral, creando una obligación que hoy no existe”, alertó.
El asesor también señaló que la Ley Nacional de Teletrabajo contempla expresamente el derecho a la desconexión, pero en el marco de modalidades laborales no presenciales. “En el caso de los docentes pampeanos, cuya tarea se cumple de manera presencial y con horarios claramente establecidos, la aplicación de ese principio carece de sentido práctico”, precisó.
Finalmente, Rodríguez advirtió que el texto del proyecto podría generar conflictos normativos al extender el horario de responsabilidad docente más allá de lo establecido. “Muchos docentes cumplen funciones en más de una institución y no podrían, por una cuestión de hecho, estar disponibles fuera del horario escolar”, explicó.
“En conclusión -sintetizó-, no existe obligación de estar conectado fuera del horario de trabajo, por lo que la norma, tal como está planteada, no solo resulta innecesaria sino que podría ampliar las responsabilidades del personal docente en lugar de proteger su derecho al descanso.”
La legisladora Romina Mota, una de las autoras del proyecto, defendió la iniciativa al sostener que las normas actuales “no reflejan la realidad laboral contemporánea” del sector educativo.
Mota explicó que el proyecto surgió “a partir de la experiencia cotidiana de los docentes” y del impacto que tuvo la tecnología digital luego de la pandemia de coronavirus. “Estas resoluciones ya no se ajustan a la realidad. La tecnología y la comunicación digital avanzaron, y con ellas cambió la dinámica del trabajo docente”, señaló.
“En la práctica, muchos docentes reciben mensajes y consultas fuera de su horario laboral, incluso durante la noche, por parte de alumnos o directivos”, dijo. “Me han contado casos de docentes que tienen hasta 350 estudiantes, y los chicos hoy se comunican por WhatsApp, a cualquier hora. Esa es la realidad”, afirmó.
En ese sentido, Mota argumentó que el proyecto busca “proteger el tiempo de descanso y la salud mental” de los educadores. “Sabemos que la complejidad de las aulas ha aumentado y que los docentes son uno de los sectores más afectados. Esta propuesta busca dar una respuesta concreta a esa situación”, expresó.
Asimismo, reconoció que el texto del proyecto “es perfectible” y que ciertos aspectos, como la referencia a la hora previa y posterior a la jornada, “pueden revisarse” para evitar contradicciones con la normativa vigente o planteos gremiales.
“Las leyes siempre llegan después de los hechos, y hoy el hecho es que los docentes están permanentemente conectados, respondiendo mensajes fuera de su horario. Este proyecto viene a poner un límite y a actualizar una normativa que ha quedado atrás frente a la realidad actual”, concluyó.
Por su parte, Sandra Gálvez sostuvo que, antes de afirmar que las resoluciones ministeriales están desactualizadas, “es necesario leerlas y comprender” su alcance. “Muchas de ellas fueron consensuadas con los gremios docentes y actualizadas a través de instancias paritarias”, dijo.
“Este punto que se menciona en el proyecto también se viene trabajando con los sindicatos, dentro de un proceso de diálogo permanente que caracteriza al ministerio”, indicó.
La funcionaria advirtió además sobre la confusión conceptual entre lo digital y lo virtual, y recordó que la Ley de Educación Provincial no contempla la modalidad virtual. En ese sentido, explicó que mezclar ambos términos “puede generar interpretaciones erróneas sobre las tareas y responsabilidades” docentes.
Gálvez también puso en duda algunos datos mencionados durante la reunión, como el supuesto de docentes con más de 350 estudiantes. “Nos gustaría conocer de dónde surgen esas cifras, porque según nuestros registros eso no ocurre en La Pampa”, señaló.
Asimismo, remarcó que no existe ninguna normativa que obligue a los docentes a participar en grupos de WhatsApp o mantener comunicación digital fuera de su horario laboral. “Si una institución utiliza ese canal, debe hacerlo bajo acuerdos institucionales y escolares de convivencia, que fueron elaborados con participación de gremios, docentes, estudiantes y familias”, precisó.
Para cerrar, Gálvez reiteró que “no hay ninguna normativa que imponga a los docentes comunicarse por medios digitales con familias o alumnos fuera del horario escolar”, y pidió “no debatir sobre una obligación que no existe en el marco legal vigente” en la provincia o el país.
Más adelante, se debatió sobre la iniciativa del bloque oficialista, por la que se restringe el uso de teléfonos celulares a las y los estudiantes en establecimientos educativos de Nivel Primario y Secundario.
Fue nuevamente Mariano Rodríguez quien tomó la palabra y adelantó a diputadas y diputados que el ministerio trabaja actualmente en una nueva resolución sobre el uso de celulares. Expuso los antecedentes normativos y los lineamientos actuales del sistema provincial en relación con el uso de teléfonos móviles en establecimientos de Nivel Primario y Secundario, a propósito del proyecto impulsado por el bloque Frejupa que propone restringir su utilización.
Rodríguez recordó que la regulación sobre el tema se inició en 2006, cuando el Ministerio de Educación dictó una resolución que prohibía el uso de teléfonos celulares durante el dictado de clases para alumnos y docentes de todos los niveles. Esa norma, explicó, fue reemplazada en 2017, cuando se reconoció el avance de las tecnologías digitales y se autorizó el uso de dispositivos móviles “exclusivamente con fines pedagógicos o didácticos”, en el marco de políticas institucionales.
“El cambio de 2017 marcó un nuevo enfoque -señaló el asesor- dejó en manos de cada docente y cada institución la posibilidad de decidir si utilizar o no un dispositivo en el aula, siempre con una finalidad educativa.”
Rodríguez explicó que el Ministerio de Educación trabaja en una nueva resolución, próxima a firmarse, que busca profundizar esa línea de acción. “Se avanza hacia un esquema que distingue claramente entre el uso pedagógico y el uso recreativo del celular. La idea es mantener la posibilidad de uso en el nivel secundario, solo cuando el docente lo disponga, pero habilitando a cada escuela a definir sus propios acuerdos institucionales sobre cómo y cuándo se puede utilizar”, precisó.
Rodríguez advirtió que, a nivel nacional, no existe un criterio uniforme sobre esta cuestión. “Hay provincias que lo prohíben dentro del aula, pero lo permiten en los recreos o comedores; otras hacen lo contrario. No hay un mandato claro sobre cuál debe ser el camino”, explicó.
En ese sentido, destacó que la posición del Ministerio no es imponer una regulación única y rígida, sino otorgar autonomía a las instituciones educativas para que definan sus propias normas de convivencia. “La idea no es bajar una prohibición por la fuerza, sino dar libertad a cada escuela para construir su propio acuerdo, decidir si el uso está permitido en recreos, en comedores o solo cuando el docente lo autoriza”, concluyó.
Por su parte, la legisladora Patricia George celebró la posibilidad de discutir el tema en conjunto con el Ministerio de Educación, aunque remarcó una diferencia clave: “Ustedes quieren sacar una resolución, nosotros queremos una ley”. En ese sentido, consideró que no debe quedar a libre interpretación de cada escuela o directivo, sino establecerse un marco normativo común.
“Estamos pidiendo regular, no prohibir”, subrayó la legisladora, y agregó que el proyecto busca permitir el uso con fines pedagógicos o en casos específicos, como el acompañamiento a niños con neurodiversidad. Al mismo tiempo, advirtió sobre los efectos negativos del uso excesivo de pantallas: “Hay retrocesos en el desarrollo del lenguaje, alteraciones del sueño y riesgos de TDAH. Necesitamos que los niños vuelvan a socializar y a mirarse a la cara”.
George recordó que el tema también fue abordado recientemente con la sanción de la ley que incorpora el análisis del uso abusivo de tecnologías en los controles pediátricos. “Estamos hablando de una herramienta moderna para proteger la atención y la salud mental”, afirmó.
La diputada insistió en que el Estado tiene la responsabilidad de fijar límites dentro del sistema educativo: “No podemos legislar para que los padres en sus casas prohíban el celular, pero sí podemos hacerlo en las escuelas, que son ámbitos donde hay población vulnerable. Tenemos que regular su uso para cuidar a nuestros chicos”, puntualizó.
