El Gobierno nacional informó este viernes de un paso clave en su plan de reconfiguración del sistema hidroeléctrico nacional: dio conocer las nueve empresas oferentes para operar durante los próximos 30 años las cuatro represas más importantes del Comahue: Alicurá, El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados-Planicie Banderita. Todas juntas representan cerca del 15% de la generación eléctrica de la Argentina.
Según informó oficialmente la Secretaría de Energía de la Nación, la licitación tiene por objeto la venta del 100% del paquete accionario de las sociedades concesionarias que operan cada una de las represas, marcando un paso decisivo hacia un “modelo energético basado en la competencia, la eficiencia y la inversión privada”.
“El proceso generó un alto interés: durante el período de consultas de los pliegos se recibieron más de 300 presentaciones técnicas y administrativas por parte de potenciales oferentes nacionales e internacionales. El diseño de la licitación se elaboró en coordinación con los gobiernos de Neuquén y Río Negro. En esta nueva etapa, el proceso continuará con el análisis de la calificación técnica y luego con la apertura y análisis del sobre económico”, explicaron desde la oficina de María del Carmen Tettamanti.
Con esta medida, el Gobierno afirmó que continúa “avanzando en la transformación del sector energético, retirando al Estado del rol de operador para dejar que el capital privado lidere las inversiones, con reglas claras, transparencia y competencia en la gestión de los recursos estratégicos del país”.
Nueve propuestas
Según el portal Energy Report, nueve empresas presentaron sus ofertas, tanto de los actuales operadores como nuevos jugadores: ENEL Generación S.A.; AES Argentina Generación; Central Puerto S.A.; IPS Renewal S.A. (propuesta IPS Renewal); Central Costanera S.A.; Hidroeléctrica Futaleufú S.A. (consorcio formado por Genneia, Aluar, Futaleufú); BML Inversora SAU (propuesta del Conjunto Económico); Pampa Energía S.A. y Edison Inversiones S.A. (propuesta Poseidón).
El proceso prevé adjudicar los complejos antes de fin de año, tras una revisión técnica y de antecedentes que pondrá especial atención en el historial judicial de las compañías.
El proceso, impulsado por la Secretaría de Energía y coordinado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), forma parte del programa de privatizaciones iniciado este año bajo la administración de Javier Milei. La intención oficial es renovar los contratos vencidos en 2023, bajo un esquema que combine participación privada, mayor control estatal y la incorporación de las provincias de Neuquén y Río Negro con hasta un 10% del capital accionario.
El atractivo económico es significativo: el Gobierno proyecta recaudar alrededor de u$s500 millones con la privatización de los cuatro complejos, todos activos superavitarios y estratégicos para el equilibrio del sistema interconectado nacional. Los nuevos concesionarios deberán abonar un canon a las provincias por el uso del agua y destinar un porcentaje de los ingresos a obras de infraestructura hídrica definidas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).
Además, la Secretaría de Energía avanza en paralelo con una segunda fase del proceso: la preparación de la licitación para otras siete represas cuyos contratos están por vencer entre fines de 2025 y mediados de 2026. Se trata de los complejos Cabra Corral, El Tunal, Futaleufú, Ullum, El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, todos actualmente bajo la órbita de ENARSA.
