Por Norberto G. Asquini
El desembarco del Grupo Clarín en Santa Rosa no es solo un episodio comercial, sino un conflicto con profundos matices políticos e ideológicos. Representa el choque entre Mercado y Estado, entre modelos de organización colectiva y apuestas por el lucro privado, y expone la expansión de los grupos concentrados hacia el interior del país.
Clarín, como actor dominante del sector, continúa ampliando su negocio y esta vez la mirada cayó sobre La Pampa. En alianza con el sindicato local de los telefónicos, y con una actitud inicial de dejar hacer -¿se puede hablar de complicidad?- por parte del intendente Luciano Di Nápoli, avanzó con el cableado tanto en zonas donde ya tenía presencia como en otras donde necesitaba una habilitación previa. El envío del proyecto de autorización de redes del jefe comunal al Concejo Deliberante fue, de hecho, una forma implícita de avalar lo que ya ocurría en la calle.
Cuando recién la CPE, que ya había advertido los primeros movimientos, reaccionó, expresó su rechazo al avance sin autorización municipal. Fue entonces cuando el intendente cambió su postura e intentó frenar la expansión. Sin embargo, el daño ya estaba en marcha. Con la política de los hechos consumados, con el nivel de inversión realizado, para Clarín pagar una multa o dilatar el proceso incluso por vía judicial parece estar contemplado dentro de su estrategia.
En General Pico y Toay, otras dos ciudades donde el grupo busca expandirse, la situación fue distinta. En Pico, Corpico respondió con mayor rapidez y la intendenta Fernanda Alonso no permitió un desembarco prepotente. En Toay, el intendente Ariel Rojas adelantó que no permitirá que se repita lo sucedido en Santa Rosa. La articulación entre Estado y cooperativas, pese a sus tensiones, constituye uno de los capitales sociales más sólidos de la provincia.
Hablar de Movistar, Telecom o el Grupo Clarín no implica referirse a una multinacional, como suelen remarcar dirigentes de la CPE. El periodista Martín Becerra señala que, en la Argentina gobernada por Javier Milei, ocurrió una paradoja: ante la salida de capitales extranjeros tanto de la economía como del sector de medios y telecomunicaciones -con ventas como las de Telefé o DirecTV- se produjo una curiosa “nacionalización” de la propiedad. En este marco, Clarín, a través de Telecom, absorbió las operaciones de Telefónica. Así consolidó una posición monopólica en servicios esenciales de telecomunicaciones y conectividad, con la influencia política que ello conlleva.
Sin respaldo estatal, la pelea para las cooperativas es profundamente desigual. A diferencia de otras disputas históricas de la CPE, hoy el escenario es otro. Eso se observa en la calle y en las conversaciones cotidianas, donde los vecinos toman postura, incluso cuando aseguran no tenerla. El asociado que antes se identificaba con su cooperativa ahora se comporta como un cliente que paga un servicio. Predomina un sentido común –que las victorias electorales de Milei también reflejan- según el cual el Estado obstaculiza y el Mercado es intrínsecamente virtuoso. Un sentido común frágil: quienes no toleran el menor desliz en un funcionario público suelen resignarse ante los abusos de las empresas.
La disputa ideológica en esta “guerra de los cables” es mucho más profunda que pagar más o menos por un servicio. Implica elegir entre una cooperativa pampeana y un grupo concentrado nacional; entre que el dinero quede en la economía provincial o se vaya afuera; entre apoyar la inversión social de la cooperativa o preferir un ahorro inmediato en entretenimiento; entre que el Estado regule para evitar que los grandes devoren a los chicos o dejar que el mercado decida sin mirar las normas.
El Mercado avanza con la nueva lógica política dominante, y enfrente quedan don Estado y las cooperativas intentando sostener otro modelo.