Las defensorías generales de la provincia fueron declaradas en emergencia con un diagnóstico lapidario: el sistema está colapsado y ya no puede garantizar el derecho básico de acceso a la Justicia, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad.
La resolución, firmada por el defensor general Martín Saravia, dispone que -salvo casos urgentes- no se recibirán nuevas causas hasta el 31 de diciembre de 2025, una medida extrema y sin precedentes que deja expuesta la fragilidad estructural del servicio público de defensa civil. La decisión fue comunicada al Superior Tribunal de Justicia, al Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJ), a las Oficinas de Orientación Jurídica y a diversos organismos judiciales y del Poder Ejecutivo.
Saravia acompañó la resolución con un extenso documento en el que detalló, con crudeza, el deterioro histórico del sistema. Describió un panorama crítico que compromete la salud del personal, el funcionamiento interno y, sobre todo, los derechos de la población más vulnerable.
“Me veo en la obligación de declarar la emergencia”
“A poco de haber asumido el cargo de Defensor General tomé dimensión del histórico padecimiento que atraviesan las Defensorías Civiles de las cuatro circunscripciones judiciales. […] Ante lo infructuoso de las gestiones de estos dos últimos años para obtener transformaciones significativas, me veo en la obligación de declarar la emergencia del servicio público”, sostuvo Saravia.
El funcionario enfatiza que la crisis no solo es conocida por las autoridades, sino que se profundizó de manera alarmante: “Desde este servicio se patrocina a la población más vulnerada de la provincia, lo que demanda estándares de calidad imposibles de sostener en las actuales condiciones”.
Una estructura mínima para una demanda que se multiplica
Saravia explica que las defensorías civiles enfrentan un volumen creciente de casos vinculados a violencia de género, niñez, salud mental, adultos mayores, discapacidad, cuotas alimentarias y cuidados parentales. Sin embargo, esa demanda debe ser atendida por una cantidad irrisoria de personal. “La escasa cantidad de defensorías y el reducido personal asignado provocan la imposibilidad de tramitar el volumen de la demanda social”, indicó.
A esto se suma un fenómeno grave: la migración de trabajadores calificados hacia juzgados y cámaras, donde sí reciben bonificaciones y mejores condiciones laborales. Según Saravia, la defensa pública queda así en una posición de desigualdad interna que “debilita al sistema y profundiza las asimetrías”.
Un sistema informático del Siglo XX en pleno 2025
Otro punto crítico es el atraso tecnológico. “La Defensa Pública Civil es el único organismo del Poder Judicial que trabaja sin un sistema informático integrado, a dos décadas del Siglo XXI”, dijo. Actualmente conviven tres sistemas desconectados (SIGE, Lex Doctor y un desarrollo precario de la OOJ), lo que genera “datos falsos o defectuosos” y “falta de confianza”, además de impedir estrategias de trabajo conjunto.
Edificios colapsados, falta de espacio y riesgos para la salud
Las condiciones de trabajo describen un deterioro profundo: oficinas sin ventanas ni ventilación, espacios originalmente pensados como depósitos usados como áreas de atención al público, solo dos baños para 24 personas, falta de accesibilidad y ausencia de mobiliario y computadoras en algunas sedes. Auditorías realizadas en 2013, 2018 y 2021 ya habían advertido un alto nivel de estrés laboral, riesgo de síndrome de burnout y un impacto creciente en la salud mental del personal.
“Las condiciones en que se lleva adelante la tarea presentan un progresivo desmejoramiento general”, recordó Saravia citando los informes previos.
Un servicio esencial que sostiene el tejido social
Saravia subrayó que la defensa pública cumple un rol invisibilizado pero fundamental. “Es una red de contención del conflicto social y de prevención de la violencia padecida por poblaciones vulneradas”. Sin ese acompañamiento, sostiene, se genera una asimetría estructural que profundiza la desigualdad: “Las personas con recursos pueden contratar abogados privados; quienes dependen de una defensa pública debilitada reciben un servicio de menor calidad, lo que perpetúa la inequidad del sistema”, manifestó.
La crisis ya obliga a suspender programas centrales, como la regularización del barrio Río Atuel realizada junto al IPAV, y frena nuevos procesos de regularización urbana en Santa Rosa y General Pico.
Un impacto institucional de magnitud
La advertencia de Saravia fue categórica. “La debilidad de la Defensa Pública erosiona la confianza en las instituciones democráticas”, alertó. El colapso no solo afecta a quienes buscan una respuesta judicial: compromete la legitimidad del sistema y expone al Estado provincial y nacional a responsabilidades internacionales por no garantizar el acceso a la Justicia.
Las medidas extremas
En su resolución, Saravia limitó la atención exclusivamente a reclamos por cuotas alimentarias, régimen comunicacional de infancias, violencia de género, violencia familiar y casos que afecten a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores. El resto de los asuntos quedará supeditado a la disponibilidad de personal y a la salud mental de los equipos.
