La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó recientemente, pese a las manifestaciones en las calles, el proyecto megaminero San Jorge, que pretende extraer oro, cobre y plata en Uspallata, dentro de la cuenca del río Mendoza. Organizaciones socioambientales adviertieron que la iniciativa podría generar contaminación con xantato, arsénico y metales pesados, lo que pondría en riesgo el agua que abastece a tres cuartas partes de la población mendocina. Para analizar el escenario de aprobación del proyecto San Jorge y otros similares, Marcelo Giraud, docente de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) e integrante de la Asamblea por el Agua de Mendoza, dialogó con Radio Textual (Radio Kermés). “Es alarmante que avancen más de cien proyectos mineros en una cuenca interprovincial”, dijo.
Consideró “inaceptable” la postura del Gobierno mendocino, que sostiene que la provincia puede decidir sin consultar a las jurisdicciones aguas abajo. “El agua no reconoce fronteras. Cuando cruza un límite en el mapa, no se entera”, expresó.
En ese punto, remarcó que el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) debe intervenir de manera urgente. Este organismo, creado hace casi 50 años, lo integran las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro.
“Por supuesto que el Coirco debe intervenir”, resaltó. “Es la autoridad de cuenca y tiene la obligación de evaluar, dictaminar y ordenar medidas cuando existe riesgo para el Colorado”, dijo. Recordó que, en antecedentes como el proyecto de la hidroeléctrica Portezuelo del Viento, el comité fue determinante para frenar proyectos que podían perjudicar al río.
“Si Mendoza insiste en avanzar sin respetar la mirada de la cuenca, se expone a litigios y fallos en contra”, señaló. “El Coirco no es un invitado: es la institución que garantiza que las provincias no tomen decisiones unilaterales sobre un río que es interprovincial”.
Giraud recordó que, a comienzos de mes, el Poder Ejecutivo provincial envió a la Legislatura cuatro proyectos de expansión minera, entre ellos la segunda fase del Distrito Minero Malargüe Occidental II, que incluye 27 proyectos de exploración en la cuenca del río Grande. “Esos 27 se suman a otros 34 aprobados a comienzos del año”, afirmó. En Mendoza, explicó, la Ley 7722 obliga a que los proyectos metalíferos cuenten con doble aprobación legislativa.
Dijo que las declaraciones de impacto ambiental presentadas por las empresas “son prácticamente idénticas”, salvo algunas incorporaciones referidas a zonas periglaciales. Por eso vinculó estos expedientes con el intento de modificar la ley nacional de periglaciares. “El rechazo en la provincia es muy fuerte”, añadió, y recordó que el proyecto San Jorge ya había sido rechazado de manera unánime en 2011. “Lo que aprobaron ahora es un refrito de aquel”, sostuvo.
El docente calificó como “alarmante” la amplia mayoría legislativa que acompañó los expedientes: 39 a 6 en el caso de las exploraciones y 32 a 13 para San Jorge. “El agua del millón y medio de personas que vivimos en el oasis norte está en juego”, aseguró.
Riesgos ambientales y antecedentes empresariales
Giraud, al analizar el impacto del proyecto en Uspallata, cuestionó las cifras oficiales sobre el uso de agua y afirmó que el Gobierno provincial “falsea los datos”.
Dijo que el arroyo El Tigre, del cual la empresa obtendría el recurso, “no alcanza en meses secos para sostener la operación ni garantizar el caudal ecológico obligatorio”.
También destacó los riesgos de contaminación en las aguas subterráneas de la cuenca de Los Payatas, que desemboca en el río Mendoza. “Hay incertidumbre en aspectos esenciales del proyecto, y no existen garantías de que no haya contaminación con xantato ni liberación de metales pesados desde las colas o las escombreras”, puntualizó.
El concentrado de cobre, detalló, se transportaría en 14 camiones diarios durante 16 años por la vera del río Mendoza. “Son 80.000 camionadas. Un solo accidente puede convertirse en un desastre ambiental”, advirtió.
Además, se refirió a la empresa involucrada. Explicó que el proyecto pasó de manos canadienses a la firma Solway Resources, con sede social en Suiza y financieras en Malta y Chipre. “Tiene muy malos antecedentes ambientales y de derechos humanos”, afirmó.
Posibles judicializaciones
Giraud anticipó que, si la Legislatura otorga la sanción definitiva a los 27 proyectos de exploración en Malargüe, podrían iniciarse acciones judiciales, tanto contra esos expedientes como contra la explotación de San Jorge. Recordó que el propio municipio de Malargüe y el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) dictaminaron en contra de 18 de los 27 proyectos por ubicarse en zonas periglaciales, lo que implica una violación de la Ley Nacional 26.639.
“Los mendocinos y las mendocinas vamos a seguir reclamando porque está en juego el agua”, concluyó. “Y exigimos que el Coirco intervenga con toda su autoridad, porque la cuenca es compartida y el derecho al agua también”.
