La Comisión de Precalificación y Preadjudicación del área hidrocarburífera El Medanito votó mayoritariamente por un pliego de bases y condiciones para llamar a licitación del área hidrocarburífera El Medanito. Ahora el gobernador Sergio Ziliotto podrá llamar a licitación, con estas condiciones: regalías móviles de entre el 15% al 20%, un parque fotovoltaico en 25 de Mayo, un bono de ingreso de al menos 50 millones de dólares y una cláusula de que al menos el 80% de los trabajadores deben ser pampeanos (y preferentemente de 25 de Mayo). La diputada Noelia Sosa (Frejupa, por el sector vernista) se convirtió en la única integrante de la comisión que votó en contra del pliego elaborado por el Poder Ejecutivo. Fue la voz disidente entre los diez miembros del cuerpo: ni siquiera los legisladores del Pro y de la UCR acompañaron su postura. Además, dijo que pedirá que se abra un expediente en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) y hasta amenazó con demandas penales.
La Comisión de Preadjudicación de El Medanito está integrada por representantes del Poder Ejecutivo provincial, del Poder Legislativo, del municipio de 25 de Mayo y de la empresa estatal Pampetrol. Está integrada por el secretario de Energía y Minería; Matías Toso; los integrantes de la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería, Gonzalo Sondón y Cristian Buss; la asesora letrada del Gobierno, Griselda Ostertag; el ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld; la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso; el intendente de 25 de Mayo, Leonel Emanuel Monsalve Herrera; la presidenta y un director de Pampetrol, María de los Ángeles Roveda y Nicolás Romano, respectivamente; y los representantes de la Legislatura como los diputados Enrique Juan (Pro), Julián Oscar Aguilar (UCR), María Luz Alonso (Frejupa, hoy ausente aunque nunca presentó objeciones) y Noelia Sosa (Frejupa).
A partir del planteo de la diputada Sosa, comenzaron las respuestas de otros integrantes de la comisión. El diputado Enrique Juan manifestó que su prioridad es “garantizar mayor transparencia y mayor cantidad de oferentes”, con el objetivo de maximizar las propuestas “de mejor renta y beneficio” para la Provincia. Subrayó que los beneficios centrales son la generación de puestos de trabajo, la inversión y su traducción en producción y regalías. También cuestionó el sistema de variable básica incremental, por considerar que complejiza el control y la determinación de regalías. Por ello -indicó- desde el bloque Pro-MID acompañaron la fórmula de una alícuota del 15% + X, en sintonía con la política nacional del sector. Rechazó las acusaciones formuladas por Sosa y sostuvo que “el mayor perjuicio para los pampeanos” sería demorar la licitación ante la inminencia del fin de la concesión. Anticipó así su voto positivo al pliego original.
El intendente de 25 de Mayo, Leonel Emanuel Monsalve Herrera, expresó que no está conforme con el porcentaje de regalías fijado, porque su prioridad era sostener el 15%. No obstante, señaló que resulta indispensable que el pliego se emita “de manera inmediata”. Agregó que mantiene expectativas de un proceso favorable y que, si la licitación quedara desierta, se evaluará la posibilidad de reconsiderar una baja en el porcentaje de regalías.
El secretario de energía, Matías Toso, intervino para remarcar que la licitación se desarrolla en un contexto de cambios en la actividad petrolera argentina. Aseguró que el pliego no es un texto exclusivo del Ejecutivo, sino un documento trabajado “con aportes de todos los actores” dentro de la comisión. Defendió al equipo técnico que intervino y advirtió que se reserva acciones penales y civiles ante lo que consideró “acusaciones infundadas”. Sostuvo que no se incumplió ninguna ley y que se actuó “de buena fe”, bajo criterios técnicos debatidos colectivamente para obtener un pliego transparente. También cuestionó que el dictamen de Sosa no mencionara la nota 151/2025 en la que la Secretaría fundamentó la elección del método de medición, y calificó su postura como arbitraria. Además, resaltó que la alternativa planteada por la diputada “no se utiliza en ningún lugar para mediciones fiscales” y que posee un margen de error del 40%.
Intereses
En un dictamen que adjuntó formalmente a la comisión, Sosa aseguró que la documentación presentada por el Ejecutivo viola la ley 3620 y lesiona de manera “grave y grosera” los intereses del erario público, comprometiendo recursos provinciales “por más de dos generaciones” de pampeanos.
La diputada fundamentó su rechazo en la metodología propuesta para medir la producción básica de hidrocarburos, aquella que tributa un mínimo del 20% de regalías para la Provincia. Según expuso, el pliego plantea utilizar el software SAHARA, un sistema que —afirmó— es “totalmente manipulable” y genera proyecciones según los datos que se carguen, sin responder a estándares técnicos reconocidos.
Sosa sostuvo que el Ejecutivo “manipuló el software” e incorporó datos “oscuros e insustanciales” que no reflejan la productividad real del área. Y apuntó a un punto central: el método propuesto no está desarrollado, certificado ni reconocido por normas internacionales como instrumento válido de medición hidrocarburífera.
“Se transfieren ilegalmente ganancias al futuro operador”
Para la legisladora, la utilización de este sistema implicaría una transferencia ilegal de ganancias al futuro operador y una desnaturalización del marco legal que regula la concesión. “Se violenta groseramente el texto de la ley”, advirtió.
Sosa remarcó que la Comisión “no puede cuestionar ni soslayar la decisión legislativa” y que existen métodos técnicos para controlar la producción “en boca de pozo” que sí cumplen con la normativa vigente. Esas alternativas, señaló, representan una inversión para la Provincia, garantizan una medición adecuada y aportan transparencia en una decisión que compromete intereses públicos “por más de dos generaciones”.
Con ese fundamento, la diputada votó en soledad contra el pliego oficial para la licitación nacional e internacional del área El Medanito.
Según dijo, al fijar una curva teórica de Producción Básica irreales (proyectando una caída del 75% al 93% en 10 años), el Pliego garantiza que la mayor parte de la producción real futura (que volverá a la normalidad con las nuevas inversiones) sea considerada Producción Incremental, que paga solo el 15% de regalía. Esto implica una “transferencia ilegal de ganancias a la futura concesionaria”, en perjuicio de las arcas pampeanas.
Para “cumplir con la ley” y “resguardar el patrimonio provincial”, Viara propuso modificar el pliego y exigir métodos de medición reales, con estos puntos:
-Medidores en boca de pozo: Se propone obligar a la concesionaria a instalar caudalímetros multifásicos (MPFM) en la boca de los pozos de Producción Incremental. Estos instrumentos están certificados y reconocidos por las normas internacionales (API e ISO) para medir de forma separada y confiable petróleo, gas y agua.
-Definición legal de producción: Se exige que la Producción Básica y la Incremental se definan en el Pliego tal como lo hace la Ley 3.620, es decir, por la producción de los pozos que fueron o no objeto de las nuevas inversiones.
Consecuencias legales
La diputada concluyó con una advertencia severa: anunció que promoverá la investigación formal ante el Fiscal de Investigaciones Administrativas por el claro incumplimiento de la Ley N° 3.620.
Además, hizo reserva de instar acciones penales para investigar la posible comisión de delitos como el incumplimiento de deberes funcionales, el perjuicio al erario público y la administración negligente de bienes del estado, tipificados en los artículos 248, 249, 174 inciso 5° y 262 del Código Penal.
