La Comisión de Precalificación y Preadjudicación del área hidrocarburífera El Medanito aprobó este martes, por amplia mayoría, el pliego de bases y condiciones que permitirá al gobernador Sergio Ziliotto avanzar con el llamado a licitación. El texto fija regalías móviles del 15% al 20%, un bono de ingreso mínimo de 50 millones de dólares (que se utilizará para hacer un parque fotovoltaico en 25 de Mayo- y una cláusula que obliga a que al menos el 80% de la mano de obra sea pampeana (con prioridad para trabajadores veinticinqueños).
La única voz disidente fue la de la diputada Noelia Sosa (Frejupa, vernista), quien votó en contra, anunció que pedirá abrir un expediente en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) por el supuesto incumplimiento de la ley y hasta deslizó la posibilidad de promover demandas penales para investigar la posible comisión de delitos como el incumplimiento de deberes funcionales, el perjuicio al erario público y la administración negligente de bienes del Estado. Ningún otro integrante del cuerpo -ni del Pro ni de la UCR- acompañó sus objeciones.
El intendente de 25 de Mayo, Leonel Emanuel Monsalve Herrera (Pro), festejó el dictamen por mayoría y evaluó que tal vez la posición de Sosa se debe a “cuestiones políticas” del peronismo. Fue uno de los que empujó, incluso con manifestaciones, para que saliera la licitación de área.
– ¿Qué opinión le generó el dictamen de Noelia Sosa y el hecho de que ni el PRO ni la UCR acompañaran su postura?– le consultó Diario Textual.
– Me sorprendió porque ella habló en nombre del oficialismo, pero su propio espacio no la acompañó. Nosotros, desde la oposición, ya habíamos consensuado una postura. Además, su propuesta de control del caudalímetro era inviable: no se usa en ninguna región petrolera y técnicamente no es aplicable.
-Sosa afirmó que el pliego viola la Ley 3620, que perjudica al erario público y que el sistema de regalías y de software es cuestionable. ¿Ustedes lo analizaron?
– Sí. Pero sus planteos contradicen lo que se expuso en el data room, donde la empresa brindó una presentación técnica muy detallada, sumado a los informes del equipo profesional. La mayoría de la comisión consideró que su propuesta era inviable.
– Sosa dijo que presentará el caso ante la FIA e incluso analiza una demanda penal. ¿A qué atribuyen su postura?
-Creo que puede haber una cuestión política interna dentro del oficialismo. También considero que agregar trabas desalienta a las empresas y puede derivar en que no presenten ofertas.
Monsalve también dijo que no está conforme con el porcentaje de regalías móviles de entre el 15% al 20%. “Mi prioridad era sostener el 15%”, afirmó, con el fin de incrementar la posibilidad de más ofertas. Sin embargo, aclaró que considera indispensable que el pliego se emita “de manera inmediata”.
También expresó expectativas de un proceso favorable y planteó que, si la licitación quedara desierta, se evaluará reconsiderar una baja en el porcentaje de regalías para facilitar la llegada de oferentes.
Además, destacó los puntos que la comuna logró incorporar: la construcción de un parque fotovoltaico en la localidad y la garantía de que el 80/20 de mano de obra contemplará una prioridad explícita para los trabajadores de 25 de Mayo. “Es algo que nunca se había logrado”, dijo.
Respuesta al planteo de Sosa
La diputada fundamentó su rechazo en la metodología propuesta para medir la producción básica de hidrocarburos. Según expuso, el pliego plantea utilizar el software Sahara, un sistema que -afirmó- es “totalmente manipulable” y genera proyecciones según los datos que se carguen, sin responder a estándares técnicos reconocidos.
Sosa sostuvo que el Ejecutivo “manipuló el software” e incorporó datos “oscuros e insustanciales” que no reflejan la productividad real del área. Y apuntó a un punto central: el método propuesto no está desarrollado, certificado ni reconocido por normas internacionales como instrumento válido de medición hidrocarburífera.
Para la legisladora, la utilización de este sistema implicaría una transferencia ilegal de ganancias al futuro operador y una desnaturalización del marco legal que regula la concesión. “Se violenta groseramente el texto de la ley”, advirtió.
A partir de las objeciones de Sosa, otros integrantes de la comisión comenzaron a responder. El diputado Enrique Juan aseguró que su prioridad consiste en “garantizar mayor transparencia y mayor cantidad de oferentes”, con el fin de maximizar las propuestas “de mejor renta y beneficio” para la Provincia. Cuestionó la variable básica incremental por considerarla un mecanismo que complejiza el control de las regalías y ratificó el acompañamiento del bloque pro-mid a la fórmula 15% + X, alineada con la política nacional. Rechazó las acusaciones de Sosa y advirtió que el peor perjuicio para los pampeanos sería demorar la licitación ante la inminencia del fin de la concesión.
La defensa técnica de Toso
El secretario de energía, Matías Toso, remarcó que la licitación se realiza en un contexto de modificaciones dentro de la actividad petrolera nacional. Sostuvo que el pliego no es un documento exclusivo del Ejecutivo sino un texto trabajado “con aportes de todos los actores”. Defendió al equipo técnico y afirmó que se reserva acciones penales y civiles frente a lo que consideró acusaciones infundadas.
Aseguró que no existe incumplimiento de ninguna ley y que se actuó “de buena fe”, bajo criterios técnicos debatidos colectivamente. También recordó que el dictamen de Sosa omitió la nota 151/2025, donde la secretaría fundamentó la elección del método de medición. Cuestionó que la alternativa planteada por la diputada “no se utiliza en ningún lugar para mediciones fiscales” y que posee un margen de error del 40%.
