El presidente Javier Milei firmó el Decreto 864/2025 y estableció, por primera vez en más de dos décadas, los lineamientos estratégicos del Sistema de Inteligencia Nacional, con foco en ciberseguridad, Malvinas, terrorismo y crimen organizado. El documento, de 34 páginas, fija los objetivos que guiarán el accionar de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y del conjunto del sistema. En paralelo, el Gobierno anunció cambios en la cúpula de la SIDE.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial y firmado por Milei y el jefe de gabinete Manuel Adorni, representa la primera definición formal de política de inteligencia en más de veinte años, según la propia norma, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas. Además, instruye a la SIDE a elaborar una Estrategia de Inteligencia Nacional, que precisará los cursos de acción para implementar los objetivos generales.
Diagnóstico crítico del sistema
El Gobierno sostuvo que el Sistema de Inteligencia Nacional arrastra un “deterioro relevante” de más de treinta años, que afecta el funcionamiento institucional y expone a la Argentina a riesgos y amenazas. El documento cita los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994, “aún no del todo esclarecidos”, y la muerte del fiscal Alberto Nisman, considerada “un hecho de suma gravedad institucional”.
También menciona las intervenciones sucesivas que atravesó la ex Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desde 2019, consideradas por el Gobierno como un retroceso. La AFI fue disuelta en 2024 mediante el Decreto 614 y reemplazada por la actual SIDE, integrada por cuatro organismos desconcentrados: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).
Intereses estratégicos
La política de inteligencia define cinco intereses estratégicos: asegurar la soberanía, proteger la integridad territorial y la legitimidad del Estado, resguardar la vida y derechos de la población, garantizar la vigencia del sistema democrático y federal y preservar los recursos estratégicos.
Sobre soberanía, el texto apunta a identificar amenazas, detectar oportunidades de protagonismo internacional, cuidar el conocimiento nacional y monitorear la influencia externa en decisiones que puedan condicionar la autonomía del Estado.
En cuanto a la integridad territorial, fija como objetivo detectar dinámicas de fragmentación, conflictividad latente y presencia extranjera en zonas sensibles, incluidas fronteras, áreas marítimas y regiones vinculadas a la proyección antártica.
Los diez lineamientos estratégicos
El primer lineamiento aborda la disputa global de poder y su impacto en América Latina. Busca identificar riesgos y oportunidades que influyan en la política exterior y la seguridad nacional.
El segundo se centra en la superioridad informativa y las operaciones de desinformación, que pueden erosionar la cohesión social, condicionar procesos electorales y debilitar la legitimidad institucional.
El tercero analiza el poder integral de la Nación, desde lo económico hasta lo científico-tecnológico. Advierte sobre la captura de talento por parte de actores extranjeros y la dependencia de plataformas tecnológicas externas.
Malvinas, Antártida y recursos naturales
Los lineamientos 4.A y 4.B se enfocan en la proyección antártica y en la presencia extranjera en el Atlántico Sur, las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Sobre la Antártida, el documento destaca la presencia argentina ininterrumpida desde 1904, con trece bases activas, y propone monitorear acciones de actores con intereses geopolíticos o económicos.
En el Atlántico Sur, señala que la intensificación de actividades científicas, logísticas y militares de potencias extrarregionales configura un “entorno de competencia silenciosa”. Reitera la existencia de una “ocupación ilegítima del territorio nacional” en referencia a Malvinas.
El quinto lineamiento aborda los recursos naturales estratégicos, como litio, gas no convencional, acuíferos y biomas de alto valor ecológico, y advierte sobre presiones de actores estatales y corporativos.
Ciberseguridad y tecnologías de frontera
El sexto lineamiento define al ciberespacio como un vector de influencia y ataque, utilizado por actores estatales y no estatales para proyectar poder de manera encubierta y transnacional.
El séptimo destaca la importancia estratégica de tecnologías de frontera, como inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología avanzada y sistemas autónomos.
Terrorismo, crimen organizado y contrainteligencia
El octavo lineamiento se concentra en el terrorismo y señala la exposición de Argentina a redes transnacionales vinculadas a Medio Oriente, especialmente en zonas de frontera y circuitos informales.
El noveno se refiere al crimen organizado, al que describe como “estructura de poder paralela”, favorecida por rutas estratégicas, fronteras permeables y circuitos financieros informales.
El décimo se orienta a la contrainteligencia, definida como herramienta para detectar interferencias, negar mecanismos de cooptación y proteger los procesos estratégicos del Estado.
