La viceintendenta y presidenta del concejo deliberante de Santa Rosa, Romina Montes de Oca, dijo que no se sintió “incómoda en ningún momento” por las acusaciones de lobista de Clarín en el conflicto con la intendencia capitalina por el cableado de fibra óptica en zonas no habilitadas. La dirigente del peronismo está sindicada de ser quien organizó un asado para acercar los gerentes del multimedios al intendente Luciano di Nápoli. También de llamar a la intendenta Fernanda Alonso para abrir las puertas de la empresa en General Pico.
Montes de Oca es, además de funcionaria municipal, empleada -con licencia- de Movistar, empresa controlada por Clarín, y secretaria adjunta del Sindicato de Obreros, Empleados y Especialistas de los Servicios e Industrias de las Telecomunicaciones de La Pampa (Soeesitlp). “No me sentí incómoda en ningún momento. La verdad, creo que lo que quedó evidenciado fue que hace falta un debate transparente y serio en materia de tecnologías, de telecomunicaciones y de conectividad, porque no se dio el debate dentro del concejo deliberante”, dijo la funcionaria en declaraciones al programa El Mirador, de FM Contacto.
“Lo que me tocó administrar fue la palabra de los concejales y concejalas, que por unanimidad decidimos archivar tres proyectos vinculados a la temática. Y lo que me tocó hacer fue administrar la palabra de la fundamentación de por qué se archivaban”, explicó.
“El debate que la sociedad está pidiendo hoy es otro y tiene que ver con una política pública transparente en materia de telecomunicaciones y de tecnología y de conectividad. Y nosotros estamos en un lugar donde podemos o tenemos la obligación de dar ese tipo de respuestas hoy, mañana, más tarde, más temprano. La discusión quedó planteada y en algún momento se dará, supongo”, sostuvo.
Afirmó que por este tema no hubo tensiones dentro del PJ y defendió el comunicado difundido por el gremio de los trabajadores de Telecomunicaciones -cuyo titular es su padre, César Montes de Oca- que bancó la necesidad de ser receptores de los avances tecnológicos. “Es muy claro y habla de empleabilidad, habla de inversiones, habla de nuevos puestos de trabajo, habla de mejores tarifas, habla de… eso es lo que representa el sindicato de las telecomunicaciones, que son los intereses de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de la Pampa completa, independientemente de la empresa a la que pertenezca cada trabajador”, remarcó.
–¿Te dolió que la intendenta de Pico te trate de lobista?
-No me consta.
-¿Y te generó tensiones con otros sectores del PJ, al que perteneces?
-No, para nada. Para nada. Para nada. Fue una decisión unánime el archivo, así que no hubo tensión ahí. No hubo tensión, tampoco hubo debate, será para adelante.
-O sea que lo que quiere el gremio es que se profundice.
—Sí, claro. No solo el gremio, la sociedad, la realidad es que… y esto que te voy a dar es un dato, no es una opinión, uno de cada tres ciudadanos o ciudadanas de Santa Rosa tienen una inconformidad respecto al servicio o a la tarifa. Y frente a los datos tenemos la responsabilidad institucional de generar políticas públicas, o por lo menos el debate, la participación de todos los actores para generar una política pública que mejore la calidad de vida de la ciudadanía.
–¿Qué relación tenés hoy con la CPE?
-El vínculo es un vínculo institucional. Tuvimos siempre un buen diálogo a través de 25 años que llevamos trabajando juntos.
La viceintendenta quedó en el ojo de la tormenta cuando Diario Textual reveló que junto a su padre organizaron un asado al que invitaron al intendente Luciano di Nápoli para presentarle, junto a directivos de Clarín, el proyecto de inversión en Santa Rosa. Luego, con llamados telefónicos, intentaron hacer lo mismo con la intendenta Fernanda Alonso para tratar de conseguir una audiencia para que la empresa de Héctor Magnetto pudiera presentar el plan de ampliación en General Pico.
En el caso de Santa Rosa, Clarín solicitó autorización para sumar 112 kilómetros de fibra óptica, 2.704 postes y expandirse a 2.293 manzanas para ampliar la llegada de Movistar Fibra. Las iniciativas generaron alertas en el Gobierno provincial y en la cooperativa CPE y fueron enviadas por el intendente al concejo deliberante, que rechazó y archivó el pedido.
De todas maneras, la empresa siguió colocando postes y cableando en zonas no habilitadas. La municipalidad ya le hizo unas 50 infracciones y le pidió que baje las instalaciones no autorizadas. Si no lo hace, lo hará el municipio con costas a la empresa.
