Pilar Galende, profesional de la salud y que trabaja en La Pampa, participó de un extenso informe, elaborado por la Sociedad Argentina de Bioética y Derechos Humanos y la Federación Argentina de Medicina General y Equipos de Salud en la que se analizó los efectos del DNU 70/2023 y su impacto sobre el sistema de salud argentino. “Para La Pampa esto tiene y va a tener un impacto en términos de los costos de bolsillo que población tenga que afrontar según lo que el Estado provincial pueda o no pueda responder”, expresó.
El informe sostiene que el DNU produjo una reconfiguración regresiva del sistema sanitario argentino afectando la equidad, la soberanía sanitaria y el acceso universal a la atención de salud. El trabajo está compuesto por un prólogo, una presentación y diez capítulos y se presentó este martes, en la sede del Servicio de Paz y Justicia.
“El título del informe es el impacto del DNU 70/23 en la salud del pueblo argentino e intenta dar a partir de ese inicio de lo que fue ese primer decreto de necesidad y urgencia del año 2023, al inicio de la gestión del presidente Javier Milei y como a partir de ahí se han sucedido ciertas reformas de carácter estructural que implican un retroceso en materia de salud muy importantes”, dijo la médica y detalló que el informe cuenta con más de 180 adhesiones entre instituciones y personas muy reconocidas del campo sanitario con la primera firma de Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz).
El estudio aseguró que el DNU 70/23 reconfiguró el rol del Estado al desplazar su función de garante del derecho a la salud hacia un esquema de autorregulación mercantil: “El resultado fue una transferencia de costos hacia la población y un debilitamiento de la capacidad estatal para planificar, coordinar y sostener políticas públicas en materia sanitaria. El decreto y las políticas que lo acompañan generaron una reducción del gasto público, un incremento del gasto de bolsillo de la población y la desarticulación de programas federales. Así, el sistema sanitario argentino -ya fragmentado y con desigualdades históricas- ingresó en un proceso de desfinanciamiento, pérdida de capacidad institucional y deterioro de los servicios esenciales”.
Galende destacó que se hizo un análisis pormenorizado de lo que sucede con la política de financiamiento y cómo esto ha impactado los recortes en términos presupuestarios, sumado al vaciamiento de algunas áreas estatales estratégicas de direcciones y programas de carácter nacional que garantizaban a nivel federal insumos y recursos para que en las provincias se mantuvieran el acceso a ciertos derechos, como por ejemplo al programa HIV SIDA o tuberculosis. También se afectó a recursos destinados al área de salud sexual y reproductiva.
La eliminación o subejecución de programas nacionales -como el Plan Remediar, el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva o el Calendario Nacional de Vacunación- generó desabastecimiento, suspensión de tratamientos y pérdida de cobertura sanitaria en sectores vulnerables de la población: “El desfinanciamiento de políticas federales golpeó especialmente a las jurisdicciones con menor autonomía fiscal, en particular las del norte argentino, donde se registraron dificultades para sostener prestaciones esenciales. Las obras sociales sindicales y el PAMI enfrentaron una mayor demanda sin aumento de aportes, derivados de la precarización laboral, agravando la crisis de sostenibilidad del sistema”.
“La falta de transferencia de insumos a las provincias ha implicado un impacto en el cual cada una se ha visto sujeta a poder dar continuidad a cierta garantía de derechos, acorde a sus posibilidades de afrontamiento de ese vaciamiento. Entonces eso ha producido una disparidad y una profunda inequidad entre provincias con respecto a esto y por eso sí incluye a La Pampa, porque obviamente el recorte presupuestario afecta a las políticas provinciales ya que implica que el Estado provincial que no puede desatenderse del derecho a la salud, debe afrontar con recursos propios muchos gastos que antes eran resueltos por insumos nacionales”, aclaró la profesional de la salud.
Sin prepagas y obras sociales
Y dijo que se suma a esta situación otros factores relacionados a la pérdida de fuentes de trabajo y la dificultad de muchas personas que no pudieron mantener sus prepagas: “Obviamente que todas esas personas que no tienen posibilidades de pagar por servicio de salud están acudiendo a los sistemas públicos y eso significa menos recursos económicos para hacerle frente al recorte presupuestario, lo que implica una sobrecarga de gastos para los Estados provinciales”.
“Entonces claro que para La Pampa esto tiene y va a tener un impacto en términos de los costos de bolsillo que población tenga que afrontar según lo que el Estado provincial pueda o no pueda responder. Yo no me animo a analizar mucho esta medida que el Gobierno provincial ha anunciado recientemente y que tiene que ver con las recategorizaciones de los usuarios y usuarias de salud pública en función de sus capacidades de pago, en base a lo que señalaba la ley 1420. Pero ese anuncio podemos pensar que está en sintonía con este recorte y este vaciamiento que existe a nivel de financiamiento nacional y esto está pasando en muchas provincias en términos de readecuaciones al contexto político de lo que pasa en cada Ministerio de Salud”, explicó Pilar Galende a Diario Textual.
El informe de la Sociedad Argentina de Bioética y Derechos Humanos y la Federación Argentina de Medicina General y Equipos de Salud aseguró que el DNU 70/23 generó para los trabajadores un escenario de precarización, congelamiento salarial y pérdida de derechos adquiridos. “La combinación de salarios deteriorados, contratos inestables y reducción de planteles derivó en sobrecarga laboral, pluriempleo y aumento de patologías psíquicas como ansiedad y burnout. El informe advierte sobre los riesgos éticos y asistenciales derivados de esta situación: menor disponibilidad de personal calificado, agotamiento profesional, y deterioro del vínculo entre trabajadores y pacientes”, remarcó el estudio y que también se señaló la crisis en el sistema de residencias médicas, donde los cambios propuestos en materia de contratación y remuneración amenazan la formación de nuevos profesionales.