Al cumplirse dos años de la entrada en vigencia del Protocolo Antipiquetes, Amnistía Internacional advirtió sobre un grave deterioro de la libertad de expresión y de reunión en la Argentina. Según datos relevados por organismos de derechos humanos, más de 2.500 personas resultaron heridas en manifestaciones públicas y se consolidó un aumento sostenido de la represión estatal, informó la Agencia Noticias Argentinas.
La medida, formalizada mediante la Resolución 943/2023, denominada oficialmente “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, fue impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. El esquema considera delito toda manifestación que afecte la circulación, habilita desalojos y detenciones sin orden judicial y, de acuerdo con la organización, contradice estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.
Desde Amnistía Internacional sostuvieron que el protocolo introdujo un cambio regresivo en la gestión de la protesta social y consolidó prácticas que vulneran derechos constitucionales. “La escalada represiva es innegable y evidencia un grave retroceso en la libertad de expresión. La violencia estatal no solo aumentó, hoy es naturalizada y funciona como un mecanismo de intimidación para desalentar la participación social”, afirmó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
Cifras alarmantes y uso desproporcionado de la fuerza
De acuerdo con registros de organizaciones de derechos humanos, entre 2024 y 2025 se contabilizaron 2.557 personas heridas como consecuencia del uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza. Los informes detallan impactos de balas de goma en cabeza y rostro, exposición a gases lacrimógenos y gas pimienta, golpes con bastón y violencia física generalizada.
Las estadísticas evidencian un incremento significativo de la represión. En 2025, la Comisión Provincial por la Memoria registró 1.341 personas heridas y 165 detenidas, mientras que en todo 2024 se habían contabilizado 1.216 heridos y 93 detenciones. Esto representa un aumento del 77 % en las detenciones, la mayoría calificadas como arbitrarias y sin pruebas suficientes.
Heridos graves y ataques a la prensa
Entre los casos más graves se documentaron cuatro pérdidas oculares permanentes por disparos de balas de goma. El 12 de marzo de 2025, Jonathan Navarro perdió la visión de su ojo izquierdo tras recibir un disparo efectuado por un agente de la Prefectura Naval durante una marcha de apoyo a jubilados. En noviembre del mismo año, Rodrigo Troncoso, de 24 años, denunció una lesión similar durante una manifestación en las inmediaciones del Congreso de la Nación.
La labor periodística también resultó afectada. Al menos 184 trabajadores y trabajadoras de prensa sufrieron heridas y varios fueron detenidos de manera arbitraria mientras cubrían protestas. Amnistía Internacional alertó que estos hechos buscan un efecto silenciador, con el objetivo de desalentar tanto la protesta como su registro.
El episodio más grave fue el del fotógrafo Pablo Grillo, quien el 12 de marzo de 2025 sufrió una fractura expuesta de cráneo tras el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno durante una movilización. La Justicia identificó y procesó al gendarme que efectuó el disparo, a partir de material aportado por el Mapa de la Policía.
Frente a este panorama, Amnistía Internacional y otras organizaciones promovieron una acción de amparo para declarar la inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes. Según la entidad, el Poder Judicial debe garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado argentino y poner fin a una normativa que vulnera la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos.