El Gobierno provincial informó que terminó de cumplimentar los requerimientos de la ley del llamado a licitación para concesionar por 25 años el área hidrocarburífera El Medanito. Lo hizo este lunes, con la presentación del Informe Final de Impacto Ambiental compuesto por siete tomos con 3.064 fojas. Se sumó, así, a la realización del Data Room y la conformación previa de la llamada Mesa de Trabajo. Todo eso, comunicó el Ejecutivo, constituyen el total cumplimiento de la Ley N° 3620 que autorizó el llamado a licitación.
El tercer eje cumplimentado fue la presentación, cuyo plazo era el 31 de este mes, del Informe Final de Impacto Ambiental del área El Medanito, en cumplimiento del artículo 5° de la Ley N.º 3620.
El documento, compuesto por más de 3.064 fojas, fue presentado ante las autoridades provinciales competentes y se encuentra actualmente en etapa de evaluación y análisis, conforme al procedimiento establecido por la Ley N.º 2675.
Asimismo, el informe fue incorporado al Data Room, con lo que se asegura su disponibilidad para las empresas interesadas en participar del proceso licitatorio.
Data Room
En paralelo, se avanzó con la conformación del Data Room técnico, un requisito central previsto por la Ley N.º 3620. Para ello, Pampetrol Sapem llevó adelante el correspondiente concurso de precios, resultando adjudicataria una firma especializada con antecedentes probados en la materia.
El Data Room reúne información histórica de producción, datos de instalaciones, registros geológicos, ambientales y legales, y fue puesto a disposición de los integrantes de la Comisión y de los potenciales oferentes, garantizando confidencialidad y acceso equitativo a la información.
Mesa de trabajo
En primer lugar, se dio cumplimiento a la constitución de la Mesa de Trabajo creada por el Decreto N.º 1286/24, que actúa como Comisión de Precalificación y Preadjudicación del proceso licitatorio, tal como lo establece la normativa. Este ámbito técnico-institucional tuvo a su cargo la elaboración del Pliego de Bases y Condiciones, respetando cada uno de los parámetros fijados por la ley, incluyendo inversiones mínimas obligatorias, esquema de regalías diferenciadas, bono de ingreso al área y garantías exigidas al futuro concesionario.
Con estos pasos, el Ejecutivo provincial dio inicio formal al llamado a licitación mediante el Decreto N.º 2628/25, con la publicación del Pliego de Bases y Condiciones desde el 9 de diciembre en el sitio web oficial de la Secretaría de Energía y Minería, sin restricciones y con acceso público.
“El procedimiento se desarrolló en línea con las políticas impulsadas por el gobernador Sergio Ziliotto para sostener la producción hidrocarburífera, proteger los puestos de trabajo y garantizar una transición ordenada hacia un nuevo operador, con pleno cumplimiento de la normativa ambiental y legislativa vigente”, informó Casa de Gobierno.
Licitación en marcha
Hace casi dos semanas, Ziliotto llamó a licitación. El pliego, acordado por una mayoría de la Comisión de Preadjudicación, establece regalías móviles del 15% al 20%, un bono de ingreso mínimo de 50 millones de dólares -destinado a la construcción de un parque fotovoltaico en 25 de Mayo– y la obligación de que el 80% de la mano de obra sea pampeana, con prioridad para residentes de esa localidad.
El Medanito es el principal yacimiento petrolero de la provincia: cuenta con unos 200 pozos activos, aporta el 34% de la producción pampeana y representa cerca del 10% de los ingresos fiscales provinciales.
Actualmente, el área es operada por Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), concesionaria desde 1992. Desde hace una década, la empresa estatal Pampetrol participa como socia con el 20%. Aunque PCR aún no confirmó si competirá en la nueva licitación, en el sector petrolero se descuenta que intentará retener el bloque.
Durante 2025, el debate legislativo por El Medanito generó fuertes cruces entre oficialismo y oposición. Incluso, seis diputados oficialistas alineados con Verna condicionaron al gobernador Sergio Ziliotto e impusieron sus exigencias, entre ellas regalías de hasta el 20%, cuando la intención inicial del Ejecutivo era un porcentaje menor para favorecer la competencia entre oferentes.
