La mujer que elaboró y vendió el escabeche contaminado que provocó al menos una muerte confirmada -y otra en investigación, además de una persona internada- declaró este martes ante la fiscal Cecilia Martini. Se trata de la vecina de la localidad de Toay, quien producía conservas bajo la marca Juli-Mar.
La audiencia fue solicitada por la propia imputada, por lo que todavía no se realizó una audiencia de formalización ante un juez. Aún no se determinó el encuadre legal, aunque podría ser acusada por el delito de homicidio culposo.
Martini, integrante del Ministerio Público Fiscal, recepcionó durante la mañana la declaración de imputada, en la que la mujer realizó su descargo y presentó documentación vinculada a la causa.
Como medida cautelar, la fiscal dispuso la inhabilitación para la producción y comercialización de conservas, mientras avanza la investigación.
Martini precisó que el expediente se encuentra en etapa de investigación preliminar y que, a medida que se incorporen nuevos elementos probatorios, se definirá el correspondiente encuadre legal.
El botulismo es una enfermedad poco frecuente pero grave, causada por una toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum. Suele desarrollarse en alimentos mal conservados o elaborados sin condiciones sanitarias adecuadas. La toxina afecta el sistema nervioso y puede provocar parálisis muscular, insuficiencia respiratoria y la muerte en los casos más severos.
La investigación
La causa se inició de oficio el sábado 27 de diciembre, a partir de una alerta del Ministerio de Salud de La Pampa ante la sospecha de intoxicación por toxina botulínica asociada al consumo de conservas de elaboración casera.
En ese marco, se realizó un allanamiento en un domicilio de Toay, donde se elaboraban los productos, en un procedimiento conjunto con personal de la Dirección de Epidemiología y Bromatología de la provincia.
Del operativo participaron la Agencia de Investigaciones Científicas, con colaboración de la Brigada de Investigaciones de la Policía de La Pampa. Durante la diligencia se secuestró material de interés para pericias y se constató el lugar de producción.
Además, se solicitaron informes a distintos organismos y se mantuvo contacto con personal de Epidemiología, que aportó información relevante tras el fallecimiento de Raquel Pumilla, diagnosticada con botulismo, conforme a lo confirmado oficialmente por el Ministerio de Salud luego de los estudios realizados por el Laboratorio Malbrán.
Dos muertes y un internado
La Justicia investiga la muerte de Raquel Pumilla, ocurrida el viernes 26 de diciembre, y también el fallecimiento de la poeta y artista musical Hilda Alvarado, cuyos resultados periciales aún no son concluyentes.
En tanto, el domingo fue hospitalizado el escritor y periodista Juan Carlos Pumilla, esposo de Raquel Pumilla, con síntomas compatibles con botulismo. Permanece internado en terapia intensiva del Hospital Favaloro.
Las tres personas consumieron escabeches en mal estado durante una cena de unas ocho personas, productos identificados con la marca Juli-Mar, elaborados en Toay. La vivienda donde se producían las conservas, sin autorización oficial, fue allanada por orden judicial.
El Código Penal tipifica la elaboración de alimentos contaminados como un delito contra la salud pública, que incluye la adulteración o el envenenamiento de sustancias alimenticias. Las penas pueden ser significativas, incluso de prisión efectiva cuando hay muertes o lesiones graves, especialmente si se comprueba negligencia o impericia, sin perjuicio de sanciones administrativas, decomisos y clausuras.
Rojas rompió el silencio
El intendente de Toay, Ariel Rojas, se refirió este martes públicamente y por primera vez al caso. Aseguró que el escabeche que provocó la muerte por botulismo de Raquel Pumilla no fue comercializado en un comercio habilitado, ni en un paseo ferial, por lo que el municipio no tuvo posibilidad de control.
“Esta adquisición ocurrió en un ámbito privado, y al no tratarse de un comercio habilitado, el municipio no controla esa transacción”, afirmó.
“No podemos andar casa por casa viendo qué se cocina y cómo se vende. Debe haber responsabilidad de los vecinos, pero los controles existen y se van a mantener”, concluyó.
