Ante el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad, el cura párroco Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, rechazó la medida del Gobierno nacional ya que le quitará autonomía y trabajo transversal con otros ámbitos.
“La Andis si bien estaba dependiendo del Ministerio del Salud, tenía cierta autonomía en la toma de decisiones, ahora pasa claramente a un grado inferior”, dijo a Diario Textual, luego de conocerse la decisión del Gobierno nacional de cerrar la agencia y que las funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud.
Molero aclaró que los organismos internacionales exigen y plantean que las áreas de discapacidad tengan cierta independencia para su trabajo diario: “Hay una pérdida mayor de valorización del tema discapacidad en este Gobierno nacional, que ya lo viene manifestando desde su asunción en 2023”.
Y agregó: “Desaparece el organismo como tal con su autonomía, esto confirma el rol que el Gobierno nacional le destina a la discapacidad, cuando debería estar en un lugar que pueda ser atravesado por otros organismos más allá de Salud, como ser trabajo, educación, accesibilidad, entre otros, porque la discapacidad se relaciona con muchos ámbitos”.
El 20 de agosto se conocieron una serie de audios atribuidos al entonces director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que denunciaba un presunto sistema de retornos del 8% en la compra de medicamentos por parte de esta agencia y un día después, el Gobierno nacional separó de su cargo a Spagnuolo y dispuso la intervención del organismo, que continúa hasta la actualidad, a cargo de Alejandro Vilches.
La causa que investiga el presunto circuito de coimas en la ANDIS está a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, y tiene como principales imputados a Spagnuolo, Gabellini, responsables de laboratorios (como la Droguería Suizo Argentino) y Miguel Ángel Calvete, una persona vinculada a las droguerías.
En su dictamen, el fiscal Picardi aseguró: “La agencia fungió como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia; como una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los/as funcionarios/as al mando; y, además, como una ventanilla administrada y/o co-gestionada por agentes externos/as con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo”.
Por otro lado, con el nuevo Congreso, el oficialismo logró darle sanción al Presupuesto 2026 en general, pero no le alcanzaron los votos para aprobar el capítulo 11, que incluía el artículo que derogaba las leyes de financiamiento universitario y emergencia en Discapacidad. Ahora, el Gobierno nacional trabaja en un decreto para reasignar partidas presupuestarias para estas. El Ejecutivo asegura que los aumentos se ajustarán al déficit cero y que los implementará de acuerdo a su interpretación del alcance de las normas.