Carlos Luján Sosa (69 años), juzgado y condenado por la Justicia pampeana como autor intelectual e instigador del crimen de Griselda Fuentes Cabal en 2014, está preparando el terreno para nuevamente solicitar la prisión domiciliaria. En otras dos oportunidades alegó problemas de salud para solicitar cumplir la condena en su casa, pero se lo negaron.
Actualmente, Sosa está cumpliendo su condena en la Unidad 4. Está en el umbral de la edad -es decir, 70 años- para pedir otra vez la prisión domiciliaria. En 2022, el juez Martín Saravia le dio la prisión domiciliaria, pero luego el Superior Tribunal de Justicia rechazó la medida: dijo que los problemas de salud de Sosa podían tratarse en la cárcel.
Desde su reforma de 2008, la Ley 24.660 contempla seis supuestos en los que se puede basar un juez o jueza para conceder una prisión domiciliaria: cuando la permanencia en un establecimiento del servicio penitenciario le impida al detenido tratar adecuadamente una enfermedad; cuando el detenido padezca una enfermedad terminal; cuando a un detenido con discapacidad el encierro le implique un trato inhumano; cuando un detenido supere los 70 años de edad; a una mujer embarazada; y a la madre de un menor de cinco años o de una persona con discapacidad.
Ahora Sosa tendrá no solo el argumento de la salud: le sumará el de tener 70 años de edad.
Problemas de salud y audiencia
Sosa, según confiaron fuentes judiciales a Diario Textual, está próximo a cumplir 70 años, tiene “algunos problemas de salud” y desde hace tiempo viene haciendo pedidos y planteos en torno a inconvenientes con la comida que le suministran en el SPF, motivo por el cual solicitó una audiencia multipropósito que se realizó hoy vía zoom en el Centro Judicial de Santa Rosa.
“Estamos haciendo las evaluaciones para pedir la domiciliaria cuando alcance los 70. Pero hay que ver si los médicos determinan que su estado de salud puede ser garantizado en el Servicio Penitenciario, porque no es automático y hay que acreditar los riesgos de vida estando en el penal”, dijo a este diario digital la abogada de Sosa, Silvina Blanco.
El crimen
Sosa fue condenado por contratar a un sicario para matar al empresario gastronómico Eduardo Ros. La intención era quedarse con una casa que Ros le había comprado.
El miércoles 14 de mayo de 2014, a las 23 horas, Ros, entonces de 62 años y dueño de la rotisería La Cocina, y Griselda Fuentes Cabal de 31, de Victorica y domiciliada en Santa Rosa, volvían a su casa ubicada en Illia al 2000 en una camioneta Chevrolet S-10.
Ros se bajó a abrir el garaje, e ingresó. Apenas el comerciante puso un pie en el estribo, un hombre apareció entre las sombras y le disparó. Pero Ros alcanzó a ver una silueta de reojo y llegó a girar su cabeza. Ese movimiento le salvó la vida: la bala, que iba dirigida a su cabeza, le rozó un ojo (le provocó un desprendimiento de retina) e impactó en su nariz.
Al ver que había fallado, el atacante metió el brazo en la cabina de la camioneta y volvió a disparar. Ese tiro fue mortal: la mujer del comerciante giró y se cubrió, pero el balazo le pegó en la nuca.
El asesino insistió con su objetivo original. Pero cuando intentaba rematarlo, la víctima tuvo otro golpe de suerte: se dejó caer y el tiro, que iba a su nuca, apenas le rozó una oreja. Fue suficiente para el sicario, que huyó en la oscuridad.
En paralelo, ocurrió otra casualidad. Un policía que iba patrullando la zona en moto se sorprendió al ver los extraños movimientos de un Fiat Palio que pasaba a una cuadra de allí a muy baja velocidad, con las luces apagadas y las patentes tapadas con un plástico. El coche, según determinó el policía, era manejado por un joven que, luego, fue detenido y juzgado como colaborador.
El juicio y las condenas
En el juicio, tres hombres fueron condenados a prisión perpetua: Carlos Luján Sosa como autor intelectual e instigador del crimen por encargo; Diego Fernando López como el autor material del hecho; y Gastón Horacio Soria como cómplice primario.
Según la investigación, Sosa planeó y pagó por el crimen por una disputa con Ros por una casa. La intención era matarlo para no escriturar y quedarse con la vivienda.
López actuó como sicario: por el homicidio le prometieron pagar 30 mil pesos o más. En tanto, Soria fue cómplice primario e iba a cobrar entre 15 mil y 20 mil pesos por el traslado de López hasta la casa de las víctimas.
Sosa, un prestamista e inversor inmobiliario
Carlos Sosa era prestamista e inversor inmobiliario. En el juicio se determinó que Ros le había comprado una casa, pero que, como estaba a nombre de un tercero, no habían hecho la escritura. Se iban a reunir para hacerla un día después de la noche en que se produjo el ataque. Ese fue el móvil del asesinato: el prestamista quería quedarse con la propiedad y con el dinero.
El crimen destapó una seguidilla de estafas por parte de Sosa. En 2016, dos años después del crimen de Villa Martita, Sosa fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión como autor material y penalmente responsable del delito de tentativa de estafa en concurso ideal con el uso de documento privado falso.
La Justicia comprobó que se apropió e intentó escriturar un complejo de cabañas ubicadas en la localidad de Villa General Belgrano, de la provincia de Córdoba, las que primigeniamente habían sido adquiridas el 6 de setiembre del año 2013 por quien en vida fuera Ricardo Raúl Crespo, operatoria comercial que se materializó en el correspondiente boleto de compraventa y en la que intervino una inmobiliaria.
Para ello, se utilizó una cesión de derechos supuestamente firmada el día 9 del mismo mes y año por Crespo en favor de Sosa, documento que resultó falso y con la cual se obtuvo la posesión de las cabañas.
Es así que, utilizando el documento falso ocuparon las cabañas e iniciaron su explotación.
La maniobra “ardidosa” fue dirigida a perjudicar económicamente a los herederos de Crespo. Fue ideada y ejecutada en momento en que Ricardo Raúl Crespo,se hallaba internado en el Hospital Lucio Molas, de Santa Rosa, aquejado por una enfermedad terminal.