El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se presentó ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde es juzgado tras haber sido capturado el sábado pasado durante un operativo realizado por fuerzas de seguridad de Estados Unidos en la ciudad de Caracas.
En su primera declaración judicial, Maduro se definió como “prisionero de guerra” y sostuvo que fue detenido en su residencia. Además, rechazó de manera categórica las acusaciones de narcoterrorismo que pesan en su contra y se declaró no culpable, al tiempo que afirmó que continúa siendo el presidente constitucional de su país.
Su esposa, Cilia Flores, realizó una manifestación similar ante el juez Alvin Hellerstein, al declararse completamente inocente frente a los cargos formulados por la Justicia estadounidense.
De acuerdo con lo informado por el portal RT, Maduro fue trasladado desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn hasta la sala judicial sin esposas, vestido con una remera negra y utilizando auriculares para escuchar la traducción simultánea. Durante la audiencia, indicó que no había leído en su totalidad el escrito de acusación, aunque señaló que pudo analizarlo parcialmente junto a su abogado defensor.
La defensa del mandatario venezolano está a cargo del letrado Barry Pollack, quien anteriormente representó al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
Durante la audiencia, el magistrado Hellerstein informó a Maduro y a Flores, quienes declararon mediante un intérprete, que tenían derecho a comunicarse con el consulado venezolano. Ambos manifestaron su voluntad de recibir una visita consular.
La Justicia de Estados Unidos acusa a Maduro de liderar un presunto Cartel de los Soles y le imputa los delitos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspiración para poseer armamento en apoyo de actividades criminales.
Tanto el presidente venezolano como la primera dama enfrentan cargos por presunta colaboración con organizaciones criminales calificadas como terroristas en Estados Unidos, entre ellas cárteles mexicanos. Las penas previstas para estos delitos oscilan entre 20 años de prisión y la cadena perpetua.