El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa Marcelo Rucci expresó su preocupación por la falta de interesados en la licitación del área El Medanito, en 25 de Mayo. Advirtió que 400 familias corren riesgo de perder el empleo y cuestionó las condiciones económicas “inviables” del pliego.
A pocos días de la apertura de sobres, prevista para el 9 de febrero, el proceso licitatorio ya muestra señales de alarma: no se presentó ninguna oferta y ni siquiera se vendieron los pliegos. A este panorama se suma la advertencia de Rucci, quien confirmó que la actual concesionaria, Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), no tiene previsto participar del llamado ni solicitar una prórroga en caso de que la licitación quede desierta.
El pliego establece regalías móviles que van del 15% al 20%, un bono de ingreso mínimo de 50 millones de dólares -que se destinará a la construcción de un parque fotovoltaico en 25 de Mayo– y la obligación de que el 80% de la mano de obra sea pampeana, con prioridad para residentes de la localidad.
“El acuerdo transitorio que mantenía a parte del personal en stand-by venció el 31 de diciembre y la empresa ya comenzó a bajar equipos”, alertó Rucci en declaraciones al portal Infogremiales. Dijo que la intención de PCR es retirarse definitivamente del área y explicó que la compañía considera que las condiciones establecidas en los pliegos “no resultarían viables” desde el punto de vista económico.
El dirigente sindical advirtió que el impacto no se limitaría únicamente a El Medanito, sino que podría extenderse a otros yacimientos cercanos que también opera PCR. “Si ellos dejan Medanito, dejan todo”, sostuvo, y reconoció que existe una preocupación concreta por posibles suspensiones o despidos en el corto plazo. “Si los equipos no operan, van a querer suspender o echar gente”, avisó.
El sindicalista fue especialmente crítico con la dirigencia política provincial. “Tratamos de aportar y no nos escucharon, ahora la responsabilidad es de la política”, afirmó, y agregó que el conflicto se agravó por “desencuentros políticos” que ignoraron que detrás del yacimiento hay 400 familias que dependen de esos puestos de trabajo.
Rucci también cuestionó con dureza el esquema económico de la licitación, en particular el nivel de regalías y los bonos exigidos. “Pidieron un 20% de regalías cuando en otras provincias petroleras se solicita entre el 8 y el 12% para explotaciones convencionales. Además, exigen un bono millonario que no existe en el mercado”, señaló, y advirtió que esas condiciones hacen muy difícil que aparezcan oferentes.
A la espera del 9 de febrero, el gremio mantiene la expectativa de que la licitación logre atraer interesados y permita sostener la producción y el empleo. No obstante, el clima es de creciente incertidumbre. “Nosotros hicimos todo lo posible para defender la fuente laboral. Ahora la responsabilidad es de la política y deberán hacerse cargo de las consecuencias”, concluyó Rucci.
El Medanito es el principal yacimiento petrolero de la provincia: cuenta con alrededor de 200 pozos activos, aporta el 34% de la producción pampeana y representa cerca del 10% de los ingresos fiscales provinciales.
Actualmente, el área es operada por Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), concesionaria desde 1992, mientras que desde hace una década la estatal Pampetrol participa como socia con el 20%.
Durante 2025, la discusión legislativa por El Medanito provocó fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición. Incluso seis diputados oficialistas que responden a Carlos Verna impusieron condiciones al Gobierno de Sergio Ziliotto, entre ellas un esquema de regalías que llega al 20%, superior al que impulsaba inicialmente el Poder Ejecutivo para fomentar una mayor cantidad de oferentes.
La Comisión de Precalificación y Preadjudicación, con el voto de la amplia mayoría de sus integrantes, aprobó finalmente las condiciones del llamado. Sin embargo, Verna redobló la presión política y, a través de la diputada Noelia Sosa -la única que votó en contra-, pidió que se investigue a funcionarios provinciales y diputados opositores por una supuesta violación de la legislación vigente al definir el cálculo de regalías e inversiones. Incluso advirtió sobre posibles denuncias penales por delitos como incumplimiento de deberes funcionales, perjuicio al erario público y administración negligente de bienes del Estado.