El Gobierno nacional acelera las negociaciones políticas en el Senado para retomar el tratamiento de la reforma laboral, mientras la agenda pública permanece concentrada en la crisis institucional de Venezuela y el Congreso atraviesa el receso de verano. Pese a la pausa formal, el oficialismo mantiene activa la rosca parlamentaria con vistas a un nuevo llamado a sesiones extraordinarias, previsto para comienzos de febrero.
En ese marco, legisladores de La Libertad Avanza vienen sosteniendo reuniones con cámaras empresarias y sectores productivos con el objetivo de consolidar respaldos. Desde el espacio libertario señalan que la intención es llegar al recinto con acuerdos previos que permitan avanzar sin sobresaltos en uno de los proyectos centrales del Ejecutivo.
Según anticipó Patricia Bullrich, la reanudación formal de la actividad legislativa está prevista para la semana del lunes 2 de febrero. El plan del oficialismo es llevar al recinto del Senado la Ley de Modernización Laboral el miércoles 11 de febrero, luego de haber postergado su tratamiento para ampliar consensos con bloques dialoguistas.
Álgebra libertaria en la Cámara alta
Con la incorporación del rionegrino Enzo Fullone, La Libertad Avanza completó su representación en el Senado. Si se contabiliza el interbloque junto al cordobés Luis Juez, el oficialismo parte de un piso de 21 voluntades, aún insuficiente para alcanzar el quórum propio. No obstante, en el Gobierno descuentan el acompañamiento de sectores del radicalismo, del PRO y de legisladores provinciales que ya mostraron sintonía en votaciones clave.
En la vereda opuesta, la última sesión del 26 de diciembre dejó expuesto un bloque opositor duro conformado por los 21 senadores del justicialismo, conducidos por José Mayans, junto a representantes del Frente Cívico de Santiago del Estero. Aun así, en el oficialismo confían en sumar apoyos de Convicción Federal, un espacio peronista que respaldó al Gobierno en la votación del Presupuesto 2026. En ese escenario, el Senado también se encamina a la sesión preparatoria del 24 de febrero, donde se definirán las autoridades del período legislativo 2026.
Reforma laboral y Ley de Glaciares
El dictamen de la Ley de Modernización Laboral, aprobado el 18 de diciembre, le otorgó al oficialismo un margen de dos meses para negociar respaldos antes de girar el texto a Diputados. El despacho final amplió el proyecto original: pasó de 196 artículos enviados por el Ejecutivo a un total de 213.
La iniciativa introduce cambios en un amplio abanico normativo, entre ellos la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Empleo, la Ley de Jornada Laboral, el régimen de la Justicia Nacional del Trabajo, el régimen de pymes y el estatuto del personal de casas particulares, además de modificaciones al trabajo a domicilio y al régimen laboral general. También incorpora reformas en el trabajo agrario, en los servicios de transporte y reparto mediante plataformas digitales, en los convenios colectivos, en la legislación sindical, en la negociación colectiva y en el sistema de riesgos del trabajo.
En paralelo, el oficialismo busca destrabar la modificación de la Ley de Glaciares, que también cuenta con dictamen. Su aprobación dependerá de ajustes reclamados por senadores de provincias con fuerte peso territorial, considerados claves tanto para alcanzar el quórum como para asegurar una eventual media sanción.
El proyecto laboral, además, incluye un extenso capítulo de derogaciones que alcanza a distintos estatutos especiales, como el del periodista profesional, el viajante de comercio, el régimen de teletrabajo y el estatuto del peluquero, junto con la eliminación de fondos y beneficios específicos, en lo que el Gobierno presenta como una de las reformas laborales más amplias de las últimas décadas.