Gremios nucleados en la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, con el acompañamiento de la Mesa Intersindical, marcharon este martes a Casa de Gobierno en reclamo de una suma compensatoria (bono de fin de año) y la apertura de la paritaria en febrero para discutir una urgente recomposición salarial.
“La situación es muy crítica. La gente no tiene plata para comer, se endeuda con las tarjetas de crédito para poder comprar comida y por eso necesitamos más que nunca que el Gobierno nos escuche y de una respuesta urgente que incluya el pago de una suma compensatoria, la apertura de paritarias y una recomposición real de los salarios”, reclamó la dirigente de la CTA, Lilia López.
“No le ponemos un número (al bno), nos sentamos a escuchar. Esperemos recibir una respuesta positiva”, confió.
La marcha fue a Casa de Gobierno. Los manifestantes partieron a las 10 desde la plaza San Martín y se dirigieron hacia el Centro Cívico donde hicieron sonar sus bocinas y redoblantes.
Desde el gremio ATE denunciaron “aprietes” a trabajadores y trabajadoras para que no se sumen a la marcha.
“Hoy los trabajadores no tienen un peso, están endeudados y, además, enfrentan presiones de algunos jefes funcionales que han salido a apretar a sus compañeros con amenazas de descuentos, pérdida del presentismo y otras maniobras”, denunció la dirigente de ATE, Liliana Rechimont.
Desde Casa de Gobierno ya avisaron que no hay dinero para hacer frente a un bono. La cuenta que hacen en Hacienda es que para pagar un bono de 400 mil pesos (hace un año fue de 300 mil) a empleados y jubilados estatales representaría al menos 13.000 millones de pesos. Es decir, casi tres cuotas mensuales del pago de Nación por parte del déficit previsional.
En la última reunión paritaria, en diciembre, el Gobierno pampeano llevó a la mesa de negociación una propuesta que consistió en garantizar que durante el 2025 los salarios de los empleados públicos se incrementaran como mínimo un 11 % por encima de la inflación. Esa medida se complementó con un aumento de las asignaciones familiares de un 10 % a partir de enero para garantizar que ningún trabajador público con familia a cargo perciba un salario por debajo de la línea de pobreza que publica el Indec.
