La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció una amnistía general en Venezuela, a pocas semanas de asumir el poder tras la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro durante una incursión militar de Estados Unidos. La medida busca abarcar todo el periodo de violencia política desde 1999 hasta el presente, según informó Rodríguez durante la apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), evento transmitido por la cadena estatal Venezolana de Televisión.
Rodríguez, quien asumió la presidencia interina tras haber sido vicepresidenta de Maduro, explicó que la ley será presentada ante la Asamblea Nacional (AN), de mayoría oficialista, con carácter de urgencia. En sus palabras, el objetivo es “reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia, desde el extremismo, y reencauzar la convivencia entre los venezolanos”.
La propuesta de ley excluye de la amnistía a las personas procesadas o condenadas por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos. El texto aún no se ha dado a conocer, por lo que no están claros los criterios específicos para determinar quiénes serán beneficiados.
El anuncio se produce en medio de un proceso de excarcelaciones iniciado el pasado 8 de enero, que ha avanzado con lentitud. Según la organización Foro Penal, especializada en la defensa de presos políticos, Venezuela mantiene 711 personas detenidas por motivos políticos, aunque desde el inicio de la nueva gestión se han liberado 302 presos. Sin embargo, la misma ONG denuncia que aún persisten más de 11.000 personas con restricciones arbitrarias de su libertad.
La presidenta también ordenó el cierre de la cárcel de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, considerada un centro de torturas por organizaciones de derechos humanos y la oposición. Rodríguez anunció que el inmueble será transformado en un centro social, deportivo, cultural y comercial destinado a la familia policial y a las comunidades vecinas.
La iniciativa de Rodríguez ha sido recibida con cautela por organizaciones de derechos humanos, que insisten en la necesidad de que la amnistía incluya a toda la sociedad civil sin discriminación y advierten que la liberación de detenidos “no sea concebida como un acto de clemencia, sino como la restitución de derechos fundamentales”. Provea subrayó que las personas encarceladas lo fueron por ejercer derechos protegidos por instrumentos internacionales y la legislación venezolana.
El proceso de discusión y aprobación de la ley de amnistía dependerá ahora de la Asamblea Nacional, mientras organizaciones nacionales e internacionales mantienen el seguimiento sobre las condiciones y alcance de la medida.