Los gobernadores del peronismo y de espacios aliados analizan reunirse este miércoles en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de la disputa con el poder central por el capítulo fiscal de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. El eje del conflicto es la rebaja del Impuesto a las Ganancias para sociedades, una modificación que impactaría de manera directa en los recursos coparticipables de las provincias y de los municipios. En el caso de La Pampa se estima una pérdida de entre 20.000 millones y 35.000 millones de pesos anuales.
El encuentro aún no fue formalizado y tampoco está definido el lugar, pero según confirmaron desde una de las gobernaciones peronistas a la Agencia Noticias Argentinas, participarían únicamente mandatarios del PJ y sectores opositores aliados. El objetivo es fijar una postura común frente al debate legislativo del proyecto, al que el oficialismo busca darle media sanción en el Senado el próximo 11 de febrero.
El inicio de 2026 encendió una señal de alarma para las finanzas provinciales. En enero, la coparticipación federal registró una caída real interanual del 6,6 %, de acuerdo con datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). En el caso de La Pampa, la merma fue aún mayor y alcanzó el 6,8 %.
Alerta fiscal y negociación política
El dato se conoce en plena negociación entre los gobernadores dialoguistas y aliados y la Casa Rosada, que busca sostener el núcleo duro de la reforma laboral. Las provincias reclaman mecanismos de compensación automáticos ante la pérdida de recursos que implicaría la baja de Ganancias para empresas.
La estrategia de los mandatarios es explícita: no habrá votos gratis. Exigirán que el proyecto incorpore una garantía que asegure que ninguna jurisdicción vea resentidos sus ingresos frente al bache recaudatorio que podría generar la reforma.
Más allá de las diferencias en torno al régimen laboral, el reclamo fiscal podría sumar respaldo incluso de gobernadores cercanos a La Libertad Avanza. El texto oficial propone reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas del 35 % al 31,5 %, junto con una disminución de las contribuciones patronales.
Las provincias estiman que el impacto negativo superará los 3 billones de pesos, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que la merma fiscal rondará los 1,5 billones y recién se sentirá en 2027, un año electoral en el que ningún gobernador quiere afrontar campañas con recursos escasos.
El antecedente de las derrotas legislativas
El artículo 191 del proyecto impulsado por el presidente Javier Milei modifica la escala del Impuesto a las Ganancias para sociedades. La reducción de la alícuota implicaría una menor recaudación y, en consecuencia, una caída de la coparticipación federal. El argumento oficial es que la medida favorecerá la creación de empleo.
El Gobierno no muestra disposición a ceder en este punto y el escenario recuerda a otros reveses legislativos recientes. A fines del año pasado, los gobernadores lograron hacer caer el capítulo XI del Presupuesto 2026, cuando ordenaron a sus legisladores rechazar el artículo que pretendía derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario, ambas vetadas por Milei y luego ratificadas por el Congreso.
Antes, en septiembre, tras una reunión en el Consejo Federal de Inversiones, los mandatarios habían impulsado el proyecto de reparto automático de los ATN, aprobado por el Congreso y también vetado por el presidente. Si el Gobierno mantiene su postura inflexible, el oficialismo vuelve a quedar expuesto a una nueva derrota parlamentaria.
La advertencia de Caputo
La tensión entre la Casa Rosada y las provincias sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. En medio de las negociaciones, Caputo lanzó una advertencia directa a los gobernadores que condicionan su apoyo a cambio de compensaciones económicas y afirmó que el modelo de competitividad nacional no es negociable.
El foco del conflicto es el artículo 191 del proyecto, que reduce las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para empresas del 35 % al 31,5 % y del 30 % al 27 %. Para las provincias, este tributo coparticipable es una fuente central de ingresos y sus cálculos marcan una pérdida de 3,18 billones de pesos.
Caputo desestimó esas cifras. “Dicen que les va a costar unos 3 billones, pero en realidad cuesta la mitad”, aseguró. Además, insistió en que el impacto fiscal se reflejará recién en el ejercicio 2027.
La posición de Ziliotto
El gobernador pampeano Sergio Ziliotto se posicionó con firmeza contra el texto oficial de la reforma laboral, en particular por su capítulo fiscal. Semanas atrás advirtió que los cambios tributarios incluidos en la iniciativa implicarían una fuerte pérdida de recursos públicos.
Ziliotto precisó que la reducción total de ingresos alcanzaría los 3,1 billones de pesos, de los cuales 1,4 billones corresponderían al Estado nacional y 1,7 billones al conjunto de las provincias. También cuestionó el destino del beneficio fiscal y sostuvo que “la Nación y las provincias recibirían menos fondos, pero ese beneficio no va ni a los trabajadores ni a las pymes”, sino que favorecería a 144 grandes empresas.
Según su visión, se trata de una reforma impositiva encubierta, con impacto directo sobre el Impuesto a las Ganancias, que implicaría para La Pampa una pérdida estimada de entre 20.000 millones y 35.000 millones de pesos anuales.
El mandatario aclaró que no rechaza los procesos de reforma, pero reclamó un debate profundo y transparente. “Reforma sí, pero discutamos para qué y para beneficiar a quiénes”, expresó. Además, subrayó que la creación de empleo no depende de cambios normativos sino del rumbo económico. “La que genera puestos de trabajo es la economía, no la reforma laboral”, afirmó, y vinculó el empleo registrado con políticas de agregado de valor, industria nacional y trabajo argentino.
