La municipalidad de Santa Rosa continuó este jueves con el retiro de postes y cableados que el Grupo Clarín colocó de manera ilegal en distintos puntos de la ciudad. En esta oportunidad, los trabajos se concentraron en el pasaje Otegui y en las calles Valerga y Mariano Pascual.
Las tareas comenzaron el 17 de diciembre, luego de que la empresa desoyera los reiterados pedidos de la intendencia para que retirara las redes instaladas sin habilitación. Hasta el momento, el municipio ya retiró alrededor de 50 postes.
Según la información oficial, Clarín avanza con obras tanto en zonas habilitadas como en sectores no autorizados por la intendencia. En ese marco, los postes instalados en áreas con permiso no forman parte de los retiros.
En septiembre de 2025, el multimedios inició una inversión para ampliar su red en Santa Rosa y proyectó extenderla a General Pico y Toay. En la capital pampeana, solicitó autorización para sumar 112 kilómetros de fibra óptica, instalar 2.704 postes y expandirse a 2.293 manzanas.
Las iniciativas fueron enviadas al concejo deliberante, que rechazó y archivó el pedido. Pese a esa decisión, el Grupo Clarín continuó con su plan, desoyó advertencias y multas municipales, y el conflicto escaló. El intendente Luciano di Nápoli ya había advertido que, si la empresa no retiraba las instalaciones irregulares, el municipio bajaría todos los postes y cables colocados ilegalmente, con los gastos a cargo de Clarín, medida que finalmente se concretó.
En paralelo, la Comisión de Apoyo a la CPE emitió una serie de recomendaciones legales y prácticas ante el avance ilegal del Grupo Clarín sobre el espacio público y propiedades privadas en sectores de Santa Rosa y, en menor medida, Toay. El grupo denunció públicamente la ocupación inconsulta de veredas, la instalación de postes sin autorización municipal y el ofrecimiento de servicios de fibra óptica en zonas no habilitadas, situación que, advirtió, configuraría competencia desleal frente a los servicios de la Cooperativa Popular de Electricidad.
Además, la comisión alertó sobre actitudes intimidatorias y amenazas atribuidas a personal tercerizado vinculado a las obras.
